Internacional

Condenados por narcotráfico los dos sobrinos de Maduro juzgados en Nueva York

Las grabaciones desveladas en el juicio corroboran que el chavismo controla el narcotráfico en Venezuela

Efraían Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Maduro
Efraían Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Maduro - ABC
EMILI J. BLASCO Madrid - Actualizado: Guardado en:

Los dos sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juzgados en Nueva York por conspiración para introducir un cargamento de cocaína en Estados Unidos han sido declarados culpables este viernes, después de ocho días de audiencias en las que se exhibieron numerosas pruebas en su contra. El jurado de doce personas anunció su decisión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, donde se ha seguido el caso. El juez, Paul Crotty, deberá ahora determinar la condena, que puede llegar a la cadena perpetua.

Durante el juicio se desvelaron conversaciones, grabadas ocultamente, en las que Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, de 30 y 31 años de edad, respectivamente, relataban cómo el chavismo controla el narcotráfico en Venezuela, cómo otros familiares estaban también envueltos en el negocio y cómo podían usar impunemente la terminal presidencial del aeropuerto de Maiquetía para actividades ilícitas. Asimismo, las conversaciones sugerían que parte de los beneficios obtenidos por narcotráfico estaban destinados a la campaña electoral.

Los dos primos, sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre del año pasado. Ambos habían ido a Puerto Príncipe para cerrar un trato que habría supuesto la llegada a Estados Unidos de ochocientos kilos de cocaína de gran pureza procedente de las FARC, la narcoguerrilla colombiana, por el que ambos esperaban obtener unos veinte millones dólares. En el negocio intervinieron confidentes de la DEA, la agencia antinarcóticos de EE.UU., que operaban desde Honduras; esto permitió grabar conversaciones con los dos jóvenes para luego poder inculparlos.

Esas decisivas pruebas, sin embargo, estuvieron a punto de quedar desvirtuadas en el juicio debido a que uno de los confidentes, José Santos Peña, miembro del cartel de Sinaloa, no había dicho la verdad a las autoridades estadounidenses cuando fue interrogado sobre otros asuntos.

Por delatar a los sobrinos de Maduro, Santos esperaba concertar para él una reducción de pena en EE.UU., pero una vez en manos de la Justicia estadounidense mintió sobre algunas de sus actividades, lo que finalmente llevó a la DEA a romper sus compromisos con él. Esto dañó sensiblemente su testimonio en el juicio de Campos y Flores.

No obstante, el juez Crotty estableció la plena validez de las pruebas conseguidas: seis horas de audio, con conversaciones grabadas entre agosto y noviembre de 2015 en las que dos jóvenes hablaban abiertamente de sus intenciones, así como imágenes de ellos cogiendo una panela de cocaína para mostrar su gran calidad. El juez también admitió como válidas las declaraciones que Campos y Flores hicieron a los agentes de la DEA cuando fueron detenidos en Haití y trasladados a Nueva York. En ese primer momento reconocieron su implicación en la operación, aunque más adelante se desdijeron de sus palabras.

La defensa de los acusados centró su estrategia en insistir en que sus jóvenes clientes, ingenuos e inexpertos, habían sido víctimas de un complot urdido por confidentes de la DEA, quienes esperaban usarles para negociar sus propia reducción de condena en Estados Unidos.

En la última sesión del juicio, el fiscal Brendan Quigley rebatió esos argumentos indicando que Campos y Flores «son dos hombres adultos ansiosos y entusiastas que trabajaron metódicamente durante meses para ejecutar un complicado acuerdo de drogas por el que buscaron ganar veinte millones de dólares. Sabían lo que estaban haciendo».

Por su parte, la defensa insistió en negar la validez de las grabaciones. «Lo que se escucha en esas grabaciones es una fanfarronería, ya que mis clientes nunca tuvieron la intención o la capacidad de sacar adelante el trato», dijo el abogado David Rody. Aseguró que los dos jóvenes, fueron «atrapados por algunos de los peores, corruptos y engañosos informantes» que tiene la DEA.

El otro abogado defensor, Randall Jackson, indicó que todo «fue una operación encubierta, un escenario creado para atraparlos. Nunca les encontraron drogas reales». «Mis clientes», añadió, «sí sostuvieron reuniones con unos narcos que eran informantes de la DEA, pensando que podrían ganar hasta veinte millones de dólares a cambio de no hacer nada, de tan inexpertos que son».

Al margen de la misericordia que personas tan jóvenes pudieran encontrar entre los miembros del jurado, lo cierto es que en las conversaciones que mantuvieron con los confidentes demostraban conocimiento del negocio. «Yo tengo 30 años. Llego haciendo este trabajo desde que tenía 18», decía Efraín Campo en una de las grabaciones. También explicaba que el chavismo domina todo el narcotráfico en Venezuela, bien a través del Cartel de los Soles, controlado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas, en activo o retirados, bien a través de cargos del Gobierno.

En una de las conversaciones, Campo pareció apuntar a Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, como uno de los capos, aunque luego prefirió calificarlo de «rumor». También se vanaglorió de poder usar para narcotráfico la Rampa 4 del Maiquetía, el aeropuerto internacional de Caracas, sin supervisión de ninguna clase. Esa terminal es la reservada al presidente venezolano y máximas autoridades.

Las grabaciones y pruebas de conexiones telefónicas también apuntaron a Vladimir Flores, hermano de la esposa de Maduro, como alguien que supuestamente podía facilitarles la droga, y a Erick Malpica Flores, primo de ambos y entonces Tesorero de la República y jefe financiero de la petrolera PDVSA, como el medio para lavar dinero. Asimismo, las conversaciones indican que parte del beneficio de la operación podía ir a las urgencias electorales de su tía Cilia, que debía pagar a operadores políticos para comprar votos en las elecciones parlamentarias que iban a tener lugar en diciembre de 2015.

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