La Asamblea de Madrid debate la despenalización de la eutanasia

Los grupos de la Asamblea abordarán el próximo jueves 21 el debate de la eutanasia activa en España. Podemos ha registrado una Proposición no de Ley para que la Comunidad de Madrid, como acaba de hacer el País Vasco, pida de manera oficial al Gobierno central la despenalización del llamado «suicidio médicamente asistido», castigado en nuestro país con penas de hasta diez años de cárcel. Esta demanda exige la reforma del artículo 143.4 del Código Penal y es, por tanto, competencia del Estado, no autonómica.

Pero en cualquier caso, el debate obligará a los grupos a posicionarse sobre una cuestión delicada que en 2005 irrumpió virulentamente con el caso del doctor Luis Montes. El exresponsable de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés fue apartado de su cargo por el Gobierno de Esperanza Aguirre tras acusársele, falsamente según la Justicia, de que aplicó sedaciones excesivas a pacientes terminales.

Montes, ahora presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, se ha reunido en los últimos meses con Podemos, PSOE y Ciudadanos para abordar un asunto que, según convienen todos los grupos, requiere de un consenso político amplio.

El PSOE de Pedro Sánchez ya ha avanzado que llevará a las nuevas Cortes Generales la despenalización de la eutanasia para enfermos terminales irreversibles. Y está previsto que el grupo socialista en la Asamblea apoye la demanda de Podemos. También Ciudadanos –que incorpora en su programa la defensa de la «sedación terminal» a instancias del paciente y cuando el dolor no se pueda controlar»– está «abierto» al debate sobre la muerte digna. «Es un tema que no se puede dejar en el limbo. Hay que abordarlo, pero entre todos y a nivel nacional, sin imponer visiones partidistas».

Cifuentes, por una «reflexión profunda»

Aunque más conservador de partida, el PP, ahora con Cristina Cifuentes al frente, no ve mal afrontar una «reflexión profunda» sobre esta cuestión hacia la que la presidenta, que pasó por una situación clínica muy grave tras su accidente de tráfico en 2013, es «especialmente sensible». En el Gobierno regional defienden en todo caso que la Comunidad de Madrid dispone de una legislación avanzada y «muy garantista» con el derecho a la «muerte digna». Incluida la opción de aplicar la sedación terminal o paliativa a pacientes incurables que, estando en la última fase, pidan fármacos para aliviar el dolor o la agonía, aunque suponga un acortamiento de la vida.

La mayoría de las regiones, también Madrid, ha regulado sobre la voluntad de qué trato médico recibir al final de la vida de pacientes con patologías incurables, por medio del erróneamente llamado «testamento vital» o «instrucciones previas». Precisamente, en la iniciativa que será sometida a votación en el primer Pleno tras las vacaciones, Podemos exige al Gobierno regional que «intensifique» la difusión del derecho de los ciudadanos a hacer un «testamento vital», un término que los especialistas rechazan por confuso. Se trata de un documento por el que el paciente deja constancia de qué tratamientos desea que le sean aplicados si, en el proceso final de la vida, no pudiera expresar su voluntad por un grave deterioro físico o psíquico. Por ejemplo, uno puede renunciar a que en una situación terminal o de enfermedad incurable avanzada o de agonía, le sean aplicadas técnicas de soporte vital, como respiración asistida, para prolongar la supervivencia.

Podemos considera que este derecho de recoger por escrito las voluntades, incorporado en la legislación madrileña desde septiembre de 2005, es «obstaculizado» al tener que acudir el interesado al registro situado en la calle Sagasta, número 6, en el distrito de Chamberí. Allí, con cita previa, un equipo de especialistas médicos y legales asesoran al ciudadano, que debe ser mayor de 18 años, y decidir libre y capaz. Desde 2006, 19.600 madrileños han formalizado sus «instrucciones previas». En Cataluña, pionera en este registro, han superado las 50.000 inscripciones, de ahí que Podemos concluya que la información en Madrid «es insuficiente» y, aunque no lo lleva en su texto presentado en la Asamblea, pedirá al Gobierno de Cifuentes que facilite el registro de «instrucciones previas» en hospitales y centros de salud.

«En la Comunidad de Madrid se muere mal. El derecho a una vida digna incluye el derecho a una buena muerte. Y aunque contamos con una legislación propia, no se cumple», denuncia la diputada de Podemos Carmen San José, que reclama además la creación del Observatorio regional del Derecho a una Muerte Digna.

Se da la circunstancia de que Madrid es pionera al ofrecer al ciudadano la opción de solicitar la eutanasia si esta llegara a legalizarse en España. La cláusula, condicionada siempre al legislador, se incluye en el apartado de «otras instrucciones» del modelo oficial y dice así:«Si en el momento de aplicación de estas instrucciones previas la legislación regulara lo que en la actualidad se entiende por eutanasia activa, es mi deseo que me sea aplicada y así evitar todo tipo de sufrimiento y morir de forma rápida e indolora».

El debate figura en el último punto del orden del día 21 en la Asamblea.