El plan de transporte está abierto a «mejoras» para satisfacer al sector

Creará más empleo y mejorará el servicio. Sobre esas dos premisas, Ethel Vázquez trazó una nueva defensa de su plan del transporte, en una semana trufada de acusaciones más o menos veladas, tacticismo y desplantes de los sindicatos hacia el Gobierno. La intervención de la conselleira de Infraestruturas, de visita en Rodeiro, no se salió de lo habitual pero sí dejó un resquicio para el matiz: la reforma del modelo, avanzó, está abierta a las «mejoras» que sean necesarias para aliviar la presión del sector.

Con la repetición de la huelga prevista para el próximo martes y miércoles, la responsable de la administración autonómica señala una y otra vez que solo el diálogo y la colaboración entre las partes puede evitar que los episodios de parálisis se cronifiquen.

«Es la clave del éxito», apostilló.

Si lo que preocupa es la estabilidad de los puestos de trabajo, Vázquez subraya que el plan no es un foco de peligro. Por un lado, se contemplará la subrogación de los contratos ya existentes; y de forma paralela, la Xunta obligará a las empresas a disponer de cuidadores para las líneas integradas. «Es prioritario y urgente trasladar esta sensibilidad de la Xunta a las organizaciones sindicales», añadió la conselleira, entre constantes guiños a los trabajadores. Los intereses empresariales, sostuvo, importan y «son legítimos», pero se mantendrán en un segundo plano: «Para nosotros lo más preocupante es el empleo, mantenerlo, y los derechos laborales».

A ojos de la Consellería, su plan es el «único viable y legal». Opinión distinta tienen el resto de partidos. Ayer la oposición compareció unida para reclamar por vía de urgencia la comparecencia de Ethel Vázquez en O Hórreo. Solicitan explicaciones por «un caos» cuyas repercusiones —los paros— afectaron a 57.000 escolares el pasado miércoles.

Paralización inmediata

Los partidos asumen buena parte de la agenda de patronal y los sindicatos para cargar contra la gestión del Ejecutivo. «Constatamos que el derecho de los gallegos a tener un transporte está siendo obviado y no garantizado por el Gobierno», apuntó el diputado socialista Raúl Fernández.

El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, criticó «ocho años de dejadez e improvisación continua» que redundaron en un plan diseñado a marchamartillo: «A golpe de sentencia», según el parlamentario rupturista. Desde el BNG, Olalla Rodil, reclamó la «paralización inmediata» del nuevo modelo para intentar negociar de nuevo y acabar con un «despropósito absoluto».