Área metropolitana de Vigo, otra deuda saldada

Más de dos décadas después de que se empezara a idear la configuración de un gran área metropolitana, la de Vigo encara su recta final, aunque con un diseño muy distinto al que dibujaron en 1992 los entonces alcaldes de la ciudad olívica, Carlos Príncipe, y de Pontevedra, Javier Cobián, quienes apostaban por una suerte de conurbación entre ambas, recogida en la declaración de la Constitución de la Mancomunidad de Vigo.

Durante todo este tiempo, las discrepancias entre las distintas administraciones se conjuraron para que el proyecto no saliera adelante; cuando no era la Xunta, era el  ayuntamiento el que estaba de guardia. Unos por otros, aquel interés por un «proyecto común», en favor de la creación de un organismo que gestionase de manera eficaz los recursos y servicios de los distintos ayuntamientos integrados, volvió al cajón del olvido.

Su germen se había fraguado en 1999 cuando catorce alcaldes sellaron la declaración de Soutomaior liderados por el exregidor vigués Lois Pérez Castrillo (BNG).

Varias fueron las intentonas posteriores para recuperarlo, una de ellas de la mano de la conservadora Corina Porro al frente del Consistorio —ocupó la alcaldía entre 2003 y 2007—. Durante su etapa se llegó a presentar y aprobar un anteproyecto de ley, iniciativa que se vería frustrada al adelantarse las elecciones autonómicas.

Tras una legislatura en blanco del bipartito gallego sin avances a este respecto, más allá de promesas incumplidas, no fue hasta 2009 cuando, coincidiendo con la llegada del PPdeG a la Xunta y la proclamación de Alberto Núñez Feijóo como presidente, se retoma el proyecto. Así lo anunciaba el propio conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, recién aterrizados los populares en San Caetano, con una propuesta que sumaría catorce ayuntamientos con vínculos económicos y sociales.

Rechazo frontal de Caballero

Tres años más tarde, en 2012, se produce la aprobación definitiva de la ley de área metropolitana de Vigo, pero sin el consenso necesario para que pudiera llegar a aplicarse. El texto se topada de frente con la oposición del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, contrario a una norma que, en su opinión, relegaba a la ciudad a una urbe de segunda. De «agravio» llegó a calificarla, al entender que «desciende a Vigo a la liga de los ayuntamientos de dos mil o tres mil habitantes cuando debería jugar en la liga de las grandes ciudades españolas». Y es que sus principales discrepancias se ceñían al peso de Vigo en la asamblea y en la junta de gobierno, al modelo de transporte y a la elección de la presidencia.

Y otros tres años tuvieron que pasar para celebrar el desbloqueo definitivo con el modelo de Barcelona, tal y como reclamaba Caballero, como referencia. Fue en el mes de julio de 2015 cuando se retoman las negociaciones entre los catorce ayuntamientos que integran el área y el Gobierno autonómico, un periodo largo de cesiones por parte de la Xunta que culminaban a principios de año con la aprobación definitiva del nuevo texto, al que el Consello dio luz verde el pasado 12 de mayo y que mañana será aprobado por mayoría, sino por unanimidad, en el Parlamento gallego. Otra deuda saldada por Feijóo con la ciudad tras la inauguración del hospital Álvaro Cunqueiro en junio de 2015 y los avances en la Ciudad de la Justicia que albergará el antiguo Xeral.

Entre los cambios introducidos en la normativa que regirá el ente supramunicipal destaca la posibilidad de ampliar los municipios integrados (Vigo, Cangas, Moaña, Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes, Baiona, Nigrán, Gondomar, Mos, O Porriño, Salvaterra de Miño y Salceda de Caselas) en el área —en su día Caballero habló de 28—, así como la capitalidad de Vigo. Además se ha modificado el sistema de toma de decisiones y se han incluido mecanismos para agilizar la cesión de competencias de otras administraciones.