Tribunales

La Fiscalía investiga a un alcalde de Compromís por un viaje a Atapuerca que pagó el Ayuntamiento

El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP contra Jordi Juan por prevaricación y malversación

El también diputado autonómico reitengró las cantidades cobradas indebidamente tras una resolución de la Interventora

Imagen de archivo de Jordi Juan (con el puño en alto)
Imagen de archivo de Jordi Juan (con el puño en alto) - EFE
ABC - @ Valencia - Actualizado: Guardado en: Valencia

La Fiscalía investigará al alcalde de la localidad valenciana de Tavernes de Valldigna, Jordi Juan, de Compromís, tras una denuncia presentada por el Partido Popular por los presuntos delitos de malversación y prevaricación relacionados con viaje realizado el pasado verano a la localidad valenciana de Atapuerca que, de acuerdo con los populares, sufragó el Ayuntamiento.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer los hechos relatados en la denuncia contra el también diputado de la formación nacionalista en las Cortes Valencianas, según han confirmado fuentes oficiales del PP.

En la denuncia, los populares relataban que durante un viaje oficial el pasado mes de julio a Atapuerca el vehículo municipal «presuntamente conducido por el alcalde fue denunciado por la Guardia Civil por circular con exceso de velocidad». Según el escrito presentado por el PP ante la Fiscalía, «en lugar de identificar al conductor del vehículo, el concejal de Hacienda, Perfecto Benavent, adoptó una resolución pata aprobar la multa, reconocer la obligación de pago a cargo del Ayuntamiento y ordenar su pago». El concejal se «identificó a sí mismo como conductor infractor» cuando, según la denuncia, no realizó el viaje.

El PP considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación. Los denunciantes consideran que debería haber sido el alcalde y no el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de pagar la sanción.

Cuando fue preguntada por la denuncia presentada por los populares, la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, sostuvo que "políticamente lo que tienen que hacer las personas que están en cualquier cargo es explicase, demostrar y que esas explicaones sean razonables".

Para realizar el viaje se emplearon dos vehículos: uno propiedad del consistorio y otro del edil Josep Llácer y se alojaron en un hotel de cuatro estrellas. La contratación del establecimiento se hizo a través de una agencia de viajes con sede en Valencia.

Según consta en la denuncia, ambos ediles presentaron el 19 de julio ante la Intervención de Ayuntamiento sendas hojas para pedir el cobro de los gastos de viajes, en los que incluían 239 y 266 euros de kilometraje por parte de Jordi Juan y Josep Llácer respectivamente. El 28 de julio cobraron ese dinero. La otra concejal no entregó hoja de gastos.

En el escrito registrado ante la Fiscalía se considera que Jordi Juan pudo haber cometido un delito de malversación «al consignar datos falsos en la hoja de gastos que presenyó al Ayuntamiento para cobrar de forma indebida una cantidad en concepto de indemnización por kilometraje (239 euros), indicando que utilizó para su desplazamiento un vehículo propio, cuando en realidad viajó en un vehículo de titularidad municipal».

Según la denuncia, el alcalde viajó a Atapuerca a visitar los yacimientos arqueológicos junto al concejal de Turismo, Josep Llácer. El PP cree que ambos pudieron hacer cometido un delito de malversación por «haber utilizado para un viaje de carácter oficial medios públicos y privados, en este último caso con rescarcimiento de los gastos de kilometraje, para el desplazamiento junto a sus familiares a un viaje "oficial"».

La denuncia considera que el edil pudo cometer un delito de usurpación de estado civil «al identificarse a sí mismo como el conductor de un vehículo que ha cometido una infracción de tráfico, a sabiendas de que el conductor real era otro».

El 19 de agosto, la interventora municipal dictó una resolución en la que advertía de la «irregularidad de los gastos asumidos y pagados por el Ayuntamiento relativos a la multa de tráfico impuesta al alcalde y a los gastos de kilometraje que presentó éste, como si hubiera viajado en un vehículo de su propiedad».

Ese día, el alcalde realizó sendas transferencias al Ayuntamiento para «reintegrar las cantidades cobradas indebidamente».

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