Expedientado el criminólogo de Benidorm por «usurpar» funciones y varias faltas «graves»

El criminólogo contratado durante la anterior legislatura por el PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm -una figura pionera en toda España y cuestionada en su momento- ha sido expedientado por doble partida en sendos decretos de Alcaldía dictados con fecha del 23 de septiembre por posible «usurpación de atribuciones» y varias faltas consideradas «graves» relacionadas con el trato que ha dispensado Justo López Díaz a colegas suyas de la plantilla municipal.

Según queda reflejado en uno de estos documentos, el funcionario evaluado podría haber incurrido «presuntamente en un delito de usurpación de funciones tipificado en el artículo 402 del Código Penal». En su momento, varios empleados del Ayuntamiento elevaron su queja porque López Díaz había desarrollado charlas informativas en institutos de Secundaria para prevenir el consumo de drogas que venían realizándose con anterioridad por sus departamentos, también por la Policía Local.

El otro expediente disciplinario resuelto por el alcalde, Toni Pérez, enumera una serie de posibles «faltas graves», como en el anterior, tras un informe jurídico de los servicios municipales. Así, se le acusa de «no hacerse cargo de las tareas o funciones que tiene encomendadas», «grave desconsideración con el personal empleado público», así como «emisión de informes que causen grave daño a la Administración».

Estos excesos están relacionadas con la denuncia que realizó el criminólogo en diciembre del año pasado sobre supuestas irregularidades cometidas por colegas suyos de la plantilla del Ayuntamiento en los programas de trabajos a la comunidad vinculados a instituciones penitenciarias. El denominado Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) ha salido en defensa de López Díaz considerando que se le expedienta por haber denunciado a otros funcionarios.

También le consideran víctima de una campaña de «acoso y derribo» por parte del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que en su día presentó un contencioso contra la creación de esta plaza de criminólogo, un puesto inédito para un ayuntamiento de las dimensiones del de Benidorm. Es más, este funcionario se querelló contra el sindicato por injurias, denuncia que fue archivada en febrero de este año.