Contratación encubierta de asesores políticos: la derivada de Imelsa que afecta a PSPV y Compromís

La Unidad del Crimen Organizado (UCO) investiga la contratación encubierta de asesores políticos en la empresa pública Imelsa, origen de la operación Taula, que se ha saldado hasta ahora con veinticuatro detenidos y más de ochenta investigados por una «organización criminal infiltrada» en las Administraciones de la Comunidad Valenciana. Aunque el grueso de la trama había afectado inicialmente al Partido Popular ( hasta el punto de que ha creado una gestora para dirigir la formación en Valencia), las pesquisas de la Guardia Civil apuntan al PSPV, Compromís y Esquerra Unida por las supuestas prácticas ilícitas de contratar a personal para Imelsa para que luego trabajara en sus respectivos partidos.

De hecho, la Guardia Civil ha citado a declarar la próxima semana en calidad de investigados (con asistencia de un letrado) a dos cargos del PSOE, dos de Compromís y otro de Izquierda Unida

. Los cinco están citados en el marco de la pieza principal de la Operación Taula, que investiga el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obras públicas, fundamentalmente a través de la empresa Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia -que hasta el pasado mayo presidía el popular Alfonso Rus.

En el caso de los dirigentes de izquierdas, la investigación se centra en los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por haber acordado a que la empresa pública pagara al personal que prestaba servicio en los respectivos partidos políticos.

Al respecto, Esquerra Unida ha asegurado que la diputada provincial Rosa Pérez Garijo contó, como miembro del Consejo de Administración de Imelsa en la legislatura pasada, con un único asesor, que fue destituido en mayo de 2015.

EU manifiesta que no existió "ninguna otra contratación" vinculada a Rosa Pérez en su calidad de miembro del consejo de Imelsa. la Diputación de Valencia considera que el actual convenio colectivo de la empresa Imelsa, investigada por un presunto cobro de comisiones, es ilegal y lo ha remitido a la Fiscalía para que tome las medidas oportunas de cara a restablecer la legalidad y exigir posibles responsabilidades.

La derivada de la contratación de asesores y de personas que incluso no acudían a su puesto de trabaja pese a cobrar la nómina se suma a la pieza separada por blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. El juez terminará de tomar declaración a los investigados este lunes. La causa permanecerá secreta al menos hasta el 14 de marzo.

Mientras, las pesquisas también abarcan los amaños en contrataciones y el cobro de comisiones durante años tanto en Imelsa como la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales.

En la causa que instruye el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.