Benidorm pagará 35.000 euros a una funcionaria por acoso laboral de una exconcejal socialista

El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que indemnizar con 35.610 euros a una funcionaria por acoso laboral de una concejal de la anterior etapa socialista en el gobierno local, María Isabel Martínez. Al conocerse la sentencia ratificada en segunda instancia, el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), al que está afiliada la citada trabajadora, ha instado al actual equipo municipal, del PP, a tomar las medidas para que sea la condenada por acoso quien abone este dinero de su bolsillo.

«Los ciudadanos de Benidorm y las arcas municipales no tienen porque pagar las maniobras de acoso, linchamientos, cacerías y hostigamientos que efectuaron contra una trabajadora», han subrayado desde el sindicato.

La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado el recurso de apelación que había interpuesto la acosadora -tras ser ya considerada culpable por un juzgado- y ha confirmado la condena a un año de prisión, contra la que no caben más recursos.

Se considera probado que la entonces concejal tomó decisiones que afectaron a la empleada municipal «y que abarcaban desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía hasta ser apartada de la dirección y coordinación de los centros sociales».

Casos de enchufismo

Francisco Ángel González, secretario general del sindicato, ha recordado que su compañera «sufrió lesiones, necesitó asistencia facultativa y estuvo impedida durante un año para desempeñar sus funciones» y ha enfatizado que «es un caso de acoso laboral a una trabajadora que condenamos enérgicamente».

Aquel episodio «supuso una enorme pesadilla para nuestra compañera y una actuación impropia de un gobierno democrático con el único objetivo de apartarla de su puesto», ha añadido. A su entender, la única finalidad que perseguía la concejal era «apartala porque molestaba y suponía un obstáculo para sus pretensiones».

El SPPLB han lamentado que el PSOE «tenga que recurrir constantemente a estas maniobras de acoso y derribo contra el Sindicato Profesional y todo lo que le rodea, por haber denunciado ante la Fiscalía Provincial las contrataciones irregulares», en alusión a que ejercen la acusación particular, «ahora mas férreamente, si cabe, en la investigación judicial de los supuestos casos de enchufismo».