MILES DE AHORRADORES AFECTADOS

La Audiencia Nacional juzgará a la cúpula de la antigua CAM el 17 de enero

Las penas solicitadas alcanzan los 16 años de prisión por estafa, falsedad documental y apropiación indebida

Roberto López Abad, increpado por un grupo de ahorradores afectados por la quiebra de la CAM
Roberto López Abad, increpado por un grupo de ahorradores afectados por la quiebra de la CAM - EFE
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Los ejecutivos de la cúpula de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se sentarán en el banquillo entre el 17 de enero y el 2 de marzo de 2017 en el juicio de la Audiencia Nacional, entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, por estafa, falsedad documental y apropiación indebida.

Así lo ha acordado la sección cuarta de la sala de lo Penal, ante la que también comparecerán como acusados el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, al exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno, si bien no atribuye ningún cargo al expresidente de la caja.

Como cómplices de falsedad contable, el Ministerio Público pide un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.

Manipulaciones

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.

En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.

La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a 16 años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.

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