Tribunales
Alperi, en el juzgado por fraude fiscal: «Mis ingresos eran diáfanos y conocidos por Hacienda»
El exalcalde de Alicante achaca a un «olvido» que no declarara el aval de un millón de euros que le dio uno de los dos empresarios investigados en el caso
El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) ha mantenido este lunes en el juzgado donde está acusado por presunto fraude fiscal que sus ingresos económicos eran "diáfanos", habían sido "declarados a la Hacienda Pública" y eran "conocidos" por esta Administración.
El también exdiputado autonómico se ha manifestado así durante su declaración en el Juzgado de lo Penal 6 de la ciudad, como acusado por tres delitos fiscales y un delito de cohecho impropio, por los que se enfrenta a una petición de 9 años y 9 meses de cárcel.
La fiscalía y la Abogacía del Estado , que ejerce la acusación particular en el proceso en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), sostienen que Díaz Alperi supuestamente defraudó 682.681 euros durante 2007, 2008 y 2010 .
La mayor parte de esa cantidad (405.351 euros) corresponde al ejercicio de 2007, cuando el entonces alcalde tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros por la concesión de un aval para hacer frente a una deuda tributaria anterior, pero solo declaró 113.250 euros por retribuciones de sus cargos públicos, según Hacienda.
El presunto fraude de 2008 asciende a 144.862 euros y está relacionado con un incremento patrimonial no declarado por la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de Akra Uno, a través de una sociedad instrumental, Andarx Business SL, que compartía con otro de los acusados, el empresario Antonio Solana.
Por último, en 2010, Díaz Alperi supuestamente defraudó, siempre según la versión de las acusaciones, 132.468 euros tras realizar diversos cambios de la propiedad del barco con el citado empresario, que se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel.
El exalcalde ha atribuido las condiciones ventajosas del aval por 1.004.000 euros que obtuvo de la empresa Taller de Contabilidad, dirigida por otro de los procesados, el empresario Antonio Moreno , a que "estaban convencidos de que el asunto se podía ganar".
No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó su recurso y falló que debía abonar la cantidad, una sentencia que fue confirmada poco después por el Tribunal Supremo.
A preguntas del fiscal, Díaz Alperi ha rechazado que la concesión del aval fuera una especie de regalo de Taller de Contabilidad por la intención de esta sociedad de introducirse en el mercado inmobiliario de Alicante.
Según su versión, el 25 de abril de 2008 firmó un reconocimiento notarial de deuda con Taller de Contabilidad por ese aval y un pagaré con vencimiento de 2012 que nunca hizo efectivo y que ahora la empresa le reclama en un juzgado, aunque él se ha declarado "insolvente".
Díaz Alperi ha contado que mientras estuvo ejerciendo cargos públicos solía declarar a Hacienda unos ingresos de entre 60.000 y 70.000 euros anuales, y actualmente cobra una pensión como jubilado de unos 2.100 euros mensuales.
El exalcalde ha admitido que no cumplió con su obligación de registrar el aval que obtuvo para pagar la deuda anterior a Hacienda en el registro de bienes de Les Corts, lo que ha atribuido a un olvido.
Compra de un yate
En cuanto al catamarán Akra Uno, ha relatado que lo compró a medias con su "amigo" y empresario Antonio Solana porque tenían "la idea de cruzar el Atlántico" y lo hicieron a través de la firma Andarx porque "así las cosas estaban más claras", no para tener ventajas fiscales.
"Teníamos una relación muy de amigos y no llevábamos las cuentas al céntimo de lo que pagábamos cada uno", ha agregado, pero ha mantenido que le compensaba en cualquier caso por sus gastos mediante entregas de dinero "en efectivo o con talones".
Por último, ha reconocido que pudo atracar de forma gratuita su barco en el puerto deportivo de la ciudad gracias a su amistad con su responsable, Javier Palacio, también acusado en esta causa y para el que el fiscal pide 9 meses de prisión por cohecho impropio.
El exalcalde ha justificado algunos de los gastos declarados a Hacienda por la adquisición de serigrafías o la compra de lotería, después de que hubiera "soñado con un número".
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