Aspecto actual del barrio de El Cabanyal
Aspecto actual del barrio de El Cabanyal - ROBER SOLSONA
Valencia

La Abogacía de la Generalitat obliga a anular la derogación del plan urbanístico del Cabanyal

Un informe fechado el 6 de julio forzó al Consell a «suspender» el proyecto al no haber otro alternativo aprobado

VALENCIA Actualizado: Guardar
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Un informe de la Abogacía de la Generalitat ha obligado a anular la derogación del plan urbanístico que contemplaba la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia hasta el mar por no prever otro proyecto alternativo, conforme establece la ley.

Una de las primeras decisiones del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, tras tomar posesión del cargo fue la de derogar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal-Canyamelar, aprobado en 2001 por el gobierno de su antecesora, Rita Barberá. Posteriormente, el Consell resolvió derogar el proyecto estrella de la actual senadora del PP.

Sin embargo, una resolución fechada el pasado 4 de julio y rubricada por el jefe de del servicio de Régimen Jurídico e Inspección Territorial de la Conselleria de Vivienda, se hace eco de un informe de la Abogacía de la Generalitat que concluye que el Consell no está habilitado por la la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) para derogar la vigencia de los planes de actuación municipal: «Consideramos que la propuesta de acuerdo del Consell debe ceñirse a ejercer las potestadas legalmente atribuidas»

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Por ello, la Abogacía concluye en su informe (de fecha del 9 der junio) que «la propuesta de acuerdo del Consell sometida a informa deberá suspender y no derogar el Pepri del Cabanyal-Canyamelar».

Imagen de Ribó con el conseller Alcaraz tomada este martes
Imagen de Ribó con el conseller Alcaraz tomada este martes - MIKEL PONCE

Por tanto, la resolución de la Conselleria de Vivienda establece que «de conformidad al dictamen de la Agobacía de la Generalitat, deberá admitirse a trámite la alegación presentada por el grupo político del Partido Popular únicamente en lo que se refiere a la suspensión del Pepri».

El informe (que se elevó una propuesta de acuerdo al Consell para su aprobación) dejaba de nuevo al barrio más degradado de la ciudad de Valencia en el «limbo» jurídico. Este viernes, el Ejecutivo autonómico anunció la «suspensión» del Pepri, aunque no informó de que lo hacía a instancias del informe de la Abogacía.

El Ejecutivo aprobó las normas transitorias por las que se podrá comenzar a otorgar licencias para la rehabilitación del barrio, que estarán en vigor hasta que se redacte y apruebe un nuevo plan, algo que podría tardar dos años.

Al respecto, el concejal del grupo popular Alfonso Novo ha denunciado que «el tripartito ha actuado hasta ahora en lo referente al Cabanyal de manera irresponsable y en el límite de la prevaricación administrativa»

Según ha explicado, «el grupo popular ya advirtió en sus alegaciones a ese acuerdo, hasta en dos ocasiones, que el Consell no podía derogar el Plan, sino que tan sólo tiene capacidad legal para suspenderlo, debido a que para su derogación la legislación obliga a que existe un nuevo plan urbanístico que sustituya al PEPRI».

Para Alfonso Novo “ el tripartito ha engañado a los vecinos,” porque cuando llegó al Gobierno municipal, “de manera imprudente y sin medir las consecuencias jurídicas,” se comprometió a que una de sus primeras medidas seria derogar el Pepri, “a sabiendas de que no podría hacerlo a no ser de que se saltara la legalidad que marca la Lotup”.

Sin embargo, según el edil popular, “después de un año desperdiciado por el tripartito, en el que el acalde Ribó y sus concejales tan sólo se ha dedicado a lanzar soflamas y mentiras sobre el Cabanyal, nos encontramos ahora con que el Pepri está peor que en junio de 2015, con una doble suspensión, la determindada por la Orden del ministerio de Cultura y la que establece la resolución de la conselleria de Territorio y Urbanismo."

“Desgraciadamente, el Cabanyal-Canyameral sigue sumido en el limbo jurídico en el que lo ha metido el tripartito,” ha lamentado Novo, y como consecuencia de ello, ha proseguido, “el acceso de los vecinos a las ayudas a la rehabilitación que puede conceder el ministerio de Fomento y la Unión Europea va a resultar muy difícil, por no decir imposible, ya que como hemos reiterado en varias ocasiones tanta la administración estatal como la europea obligan a los Ayuntamientos a que tengan aprobados definitivamente los planes urbanísticos para proceder a conceder las ayudas”.

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