REDES SOCIALESLa Generalitat aprueba una ley para regular el legado en Internet de las personas fallecidas

El Gobierno catalán ha aprobado este martes el proyecto de ley de voluntades digitales para regular la vida digital de las personas muertas, iniciativa que favorece la designación de un heredero digital para que sea el encargado de administrar todas las cuentas y contenidos del fallecido en la red, de acuerdo con su voluntad.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller de Justicia, Carles Mundó, ha explicado que el objetivo es que los herederos digitales queden «inequívocamente» apoderados ante los prestadores de servicios digitales, que les deberán facilitar el acceso a todas las cuentas así como la retirada y la recuperación de los archivos de los que han muerto.

En este sentido, se prevé crear un registro de voluntades digitales, dirigido sobre todo a los jóvenes que no han hecho testamento porque no tienen patrimonio, que permitirá la designación telemática del heredero digital desde cualquier ordenador si se tiene firma electrónica.

Entre los activos de una herencia digital, el proyecto de ley distingue las comunicaciones electrónicas, las cuentas en las redes sociales, el almacenamiento de archivos en la nube y los bienes, servicios o dominios adquiridos por el fallecido. La inscripción en el registro de voluntades digitales tendrá el mismo valor que el testamento, y en caso de que el testamento y el registro incluyan voluntades diferentes, siempre prevalecerá el primero de estos.

«¿Qué pasa cuándo nos morimos y constatamos que no morimos digitalmente? La legislación no tiene una respuesta y solución clara al respecto», ha recalcado Mundó, que también ha especificado que el heredero digital también se podrá responsabilizar de la titularidad de la cuentas y de los contenidos en Internet si su titular es declarado incapaz.

La presencia de los menores en las redes sociales también ha superado el actual marco normativo, por lo que el proyecto de ley reconoce que los padres tienen «el derecho y la obligación» de actuar para evitar su uso inapropiado y prevenir así los daños que puedan provocar.

En caso de falta de entendimiento con el hijo, la norma facultará a los padres para dirigirse a la justicia y facilitará el proceso para que los prestadores de servicios digitales retiren imágenes, comentarios y hasta el acceso a las cuentas.