La alcaldesa, ayer con los promotores de la ley de emergencia social
La alcaldesa, ayer con los promotores de la ley de emergencia social - EFE

Partidos y entidades plantan cara al TC por la ley de pobreza energética

Puigdemont convoca esta tarde una reunión con todas las partes implicadas para concretar la respuesta al recurso del gobierno y Colau avisa que continuarán desarrollando las medidas

BARCELONA Actualizado: Guardar
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Maquinaria en marcha para luchar contra la decisión del gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) parte de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para casos de emergencia en cuestiones de vivienda y de pobreza energética. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado esta tarde una reunión con partidos, alcaldes y entidades sociales para concretar la respuesta a esta medida.

Entre los asistentes se prevé a la alcaldesa Ada Colau así como sus homónimas en Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y Badalona, Dolors Sabater. También están citados representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la Taula de Entitats del Tercer Sector y de las asociaciones de municipios catalanes.

A falta de conocer el plan de acción del gobierno para replicar el recurso, el propio Puigdemont ya dejó clara su repulsa de la suspensión, que cree que es una «decisión política». Por otro lado, ERC exigió ayer que el Parlament «ratifique solemnemente» la ley, pese al recurso ante el TC, mientras que el PP y C’s defendieron que el gobierno puede seguir luchando contra la pobreza sin los artículos impugnados.

Barcelona se adelanta

El Ayuntamiento de Ada Colau, que el mismo viernes antes de conocerse el recurso aprobó en pleno seguir aplicando estas leyes, también ha salido a defender esta ley. Por ese motivo, y anticipándose a la cita de esta tarde, la alcaldesa calentó motores ayer en una reunión con las entidades que impulsaron precisamente la Ley 24/2015.

Durante la reunión, se trabajó para la coordinación de acciones para seguir protegiendo el derecho a la vivienda en Barcelona. «Estamos dispuestos a hacer el máximo dentro de nuestras capacidades», explicó la alcaldesa, que nada más conocerse la decisión gobierno central acusó al gobierno de «arrogante, imprudente e irresponsable». Tras recordar que la ley ha frenado 639 deshucios en cuatro meses, abogó por seguir trabajando en esta línea, ya sea con esta Ley o mediante otros mecanismos.

Además, el consistorio exigió a la Generalitat que abra una línea de ayudas de emergencia y por hacer un frente común desde todas las administraciones contra las empresas de suministros que no respetan la actual ley energética. La PAH, por su lado, pidió a todos los implicados que apliquen «con contundencia» la ley.

Un segundo frente común por los refugiados

El presidente Puigdemont y la alcaldesa Colau tienen hoy una doble cita. Además de la reunión sobre la pobreza energética, estarán esta mañana en la apertura del Foro Internacional sobre acogida e integración de refugiados –que se celebra en el recinto modernista de Sant Pau–, un acto con expertos y cargos públicos internacionales al que no ha sido invitado el gobierno.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, explicó ayer que no han invitado al Gobierno central porque consideran que haber recibido solo a 18 de los 17.000 demandantes de asilo no representa una «buena práctica». «Confiamos en que pronto cambiarán los gobiernos y empezaremos a escuchar a la sociedad civil y a las ciudades», aseveró Pisarello.

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