JxSí y la CUP tiran adelante las ponencias sobre las leyes de «desconexión»

JxSí y la CUP han decidido este lunes tramitar las tres ponencias de ley soberanistas pese a que los letrados de la Cámara habían desaconsejado emprender esta vía para elaborar las normas que los independentistas ven clave para avanzar hacia la independencia.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, han explicado que los dos grupos parlamentarios han registrado de forma conjunta un escrito a la Mesa donde explican los motivos que les lleva a seguir con la tramitación de las ponencias pese al informe que lo cuestionaba.

A pesar de que los letrados desaconsejaron las ponencias conjuntas porque no tenían un aval amplio de los grupos de la Cámara, JxSí y la CUP alegan en este escrito que en las últimas legislaturas hay precedentes de ponencias que se han impulsado así sin que esto generara "controversia".

Convocada la comisión del Proceso Constituyente

La vicepresidenta de la comisión de estudio del Proceso Constituyente, Gabriela Serra (CUP), ha convocado una sesión para el martes 8 de marzo a pesar de que el Gobierno central ya ha reclamado que la actividad de ésta no se produzca.

El orden del día tiene dos puntos: ratificar a Lluís Llach (JxSí) como nuevo presidente de la comisión --en sustitución de Muriel Casals que falleció el 14 de febrero-- y preparar el plan de trabajo que deberán desarrollar los diputados en los próximos meses.

Hasta hoy solo se había convocado la sesión constitutiva, la que precisamente sirvió para nombrar a Casals como presidenta, y de la que se ausentaron PSC y C's, contrarios a la creación de esta comisión.

El Gobierno central pidió el 29 de enero al Tribunal Constitucional (TC) que anule la comisión, alegando que infringe la sentencia del mismo Alto Tribunal en la que anuló la resolución soberanista aprobada por la cámara el 9 de noviembre de 2015.

Precisamente el viernes de la semana pasada el Parlament presentó alegaciones contra la petición de Gobierno, argumentando que la iniciativa "no puede ser considerada como un acto que deriva" de la resolución independentista.

La creación de la comisión de estudio es una iniciativa parlamentaria que, como tal, es "autónoma e independiente de la resolución y da origen a un nuevo procedimiento parlamentario cuyo resultado no está determinado", alegaron los letrados de la Cámara catalana.

Consideraron "extraordinariamente forzada y desproporcionada" la tesis del Gobierno central de que la comisión podría dar fruto a declaraciones que vulneraran la anulación de la resolución del 9N porque no se pueden emprender medidas en base al riesgo y a especulaciones.