El Gobierno defiende el CIE de la Zona Franca y niega que se vulneren derechos

El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, defendió ayer la existencia del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca y se refirió a las acusaciones de vulneraciones de derechos en estos centros hechas por algunas administraciones. «Es algo que no podemos considerar como real ni podemos considerar como cierto», sentenció.

Tras una rueda de prensa de balance de Extranjería en 2016, al ser preguntado por las críticas del Parlament, el Govern y el Ayuntamiento de la ciudad a este centro, Ablanedo aseguró que «están sujetos a todas las garantías de la legislación» española, que recordó que se homologa perfectamente a las normativas comunitarias, así como de los países del entorno, y cumple todas las garantías constitucionales.

Según sus datos, la media de duración de las estancias en 2016 fue de 23 días y recordó que «el tiempo máximo de estancia es de 60 días», por ley. «Si nos comparamos con otros países vemos que nuestra legislación es realmente garantista», aseguró ante el hecho de que el máximo es superior en otros países como Suecia –donde puede prolongarse hasta 12 meses–, Noruega, Dinamarca, Holanda y Alemania –con un máximo de 18–, mientras que en el Reino Unido no existe un límite legal.

Además, incidió en que los internos gozan de una asistencia permanente de organizaciones como la Cruz Roja, además de contar con asistencia jurídica y la observación del Defensor del Pueblo, y recordó que se han realizado obras que ha calificado de muy importantes, tras petición judicial.

En una línea similar, apuntó que los CIE no dependen de la Delegación de Barcelona, sino del Ministerio del Interior, y que sólo se solicita el internamiento de personas con antecedentes, que han cometido algún delito, y que para el ingreso es necesaria una resolución judicial.

Instituciones en contra

En julio de 2015, el Parlament aprobó un documento para pedir al Gobierno cerrar estos centros en el plazo más breve posible, y consideró que estos centros son «una anomalía en el ordenamiento democrático del país», instando al Ejecutivo a revisar el modelo y cerrarlos todos de forma progresiva. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, recomendó también su cierre definitivamente, al concluir que en él se vulneran los derechos fundamentales.