Colau, el CIE como arma arrojadiza

La alcaldesa Ada Colau vuelve a tensar las relaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno. Si antes fueron las polémicas con los símbolos del Estado, las desobediencias de leyes nacionales o las críticas a las actuaciones del Gobierno español, ahora vuelve a poner a la palestra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en una nueva exigencia y nuevo desafío sobre el que, en el fondo, no tiene competencias de gestión.

Aprovechando la huelga de hambre que empezó el pasado domingo en el CIEde Barcelona, ubicado en la Zona Franca, el Ayuntamiento avisó ayer de su intención de cerrar en breve las instalaciones. La amenaza de ayer es la segunda hecha por el Gobierno de Colau en tres meses de una cuestión, la de los CIE’s, sobre la que ninguna administración municipal tiene competencias sobre su gestión, ya que depende del Ministerio del Interior.

El CIEde la Zona Franca, de hecho, estuvo cerrado por obras desde noviembre de 2015 hasta el pasado julio, y con su reapertura el consistorio barcelonés inició la «guerra» contra este centro, a pesar de no tener ningún poder de decisión sobre él.

Igual que ayer, en julio, el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, anunció que en breve se pondrían en marcha medidas contra la apertura del CIE y que incluso llegarían a los juzgados si no quedaba cerrado. También desde el consistorio reivindicaron su potestad en cuestiones de licencias. Horas después de su amenaza, el ministerio abrió sin problemas las instalaciones, que han ido acogiendo internos desde entonces.

Polémica reavivada

El Consistorio argumentó entonces la «anomalía jurídica» y la «situación irregular» del CIE por disponer de una licencia de actividad antigua, de cuando las instalaciones eran una comisaría de la Policía, pero tras la puesta en marcha del centro no hizo ningún gesto contra el CIE y no ha sido hasta ahora, cuando también se ha producido un conflicto en el CIE de Aluche (Madrid), que no ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica.

El Ministerio ha defendido en diversas ocasiones que no está obligado a pedir esta licencia porque la actividad no lo requiere. Además, ayer el titular en funciones, Jorge Fernández Díaz, denunció que algunas caras de Podemos están aprovechando los CIE’s para hacer política y hablar de ellos como si fueran «un agujero negro».

El ministro además sentenció que esos centros «existen en todos los Estados de la UE», que se ingresa en los mismos con autorización judicial y que tienen un plazo máximo de permanencia de 60 días».