El PP denuncia que Colau exige licencia al CIE pero no a equipamientos del Govern

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, denunció ayer que algunos equipamientos de la Generalitat ubicados en la capital catalana están operativos a pesar de no disponer de licencia. Fernández reprochó así la actitud de la alcaldesa Ada Colau con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, sobre el que el Ayuntamiento exige su cierre inminente por no disponer de la licencia de actividad.

El representante popular comentó que su formación ha pedido sin éxito al Consistorio conocer qué equipamientos públicos están exentos de licencia. El PP también preguntó específicamente sobre esto en el Parlament, donde le respondieron que lo están los centros docentes, sanitarios, asistenciales, culturales, religiosos, deportivos, recreativos, técnico administrativos y los referidos a justicia y seguridad.

Entre ellos, La Modelo, el Teatro Nacional de Cataluña, el Palacio de Justicia o algunas comisarías de los Mossos, que no tienen la licencia ambiental municipal de acuerdo con la ley. Por su lado, fuentes municipales explicaron a Ep que el hecho de que estos equipamientos no cuenten con licencia ambiental no implica que no tengan licencia de actividad.

«Rozar la prevaricación»

Fernández avisó de que «no se puede exigir licencia municipal a los equipamientos que no les gustan y a otros no. Podrían incurrir, y rozan la prevaricación». Así, sostuvo que si el CIE se considera, como en el «debate ficticio del Gobierno municipal, una prisión encubierta», hay centros penitenciarios que no tienen licencia, y que si es una comisaría, como él sostiene, también hay otras que no la tienen, por lo que critica que se la exijan.

Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ayer en Barcelona, reiteró que el Ministerio del Interior no cerrará el CIE. Y acusó a Ada Colau de estar «manipulando o utilizando de forma torticera esta normativa y estas competencias» para intentar «generar una batalla que le corresponde más a los partidos y menos a las instituciones». Es «absurdo» que un centro de seguridad como un CIE tenga que cumplir sus criterios, sentenció.