Un método racional

Pertenece a la cultura jurídico-política occidental el principio de que lo que a todos afecta, por todos debe ser decidido. Principio que, ante la imposibilidad fáctica de que todos los miembros de la comunidad deliberen juntos para adoptar las decisiones sobre su modo de existencia político, es ejercido por medio de representantes, los cuales en un foro cualificado discuten (parlamentan) sobre las razones para ordenar la convivencia de uno o de otro modo. Corolario de lo anterior es, por un lado, que la decisión de la mayoría prevalece sobre la de la minoría, y por otro (en cierto modo, como contrapeso de ello) que la mayoría debe respetar la capacidad de la minoría de contribuir en el proceso de la formación de la voluntad común aportando sus razones sobre lo que es mejor para la convivencia social.

El modelo en que cristaliza esa cultura jurídico-política es el Estado constitucional, que no es sólo aquél en que los ciudadanos eligen a quienes integran las instituciones políticas, o se someten a consulta popular decisiones de especial trascendencia política, sino que es un modelo en el que el poder está limitado por el respecto a los derechos fundamentales y, en el proceso de formación de la voluntad política, se respetan los derechos de la minoría parlamentaria (derecho a presentar enmiendas, capacidad de control de la acción de gobierno, etc.).

De ahí que reformas de una norma tan importante como es el reglamento del Parlamento -norma que ordena la actividad de la cámara parlamentaria- no deban hacerse con el impulso y la aprobación de poco más de la mitad de la cámara, y mucho menos para limitar la capacidad de participación de los grupos de la oposición en el trabajo parlamentario.

Pero justo eso es lo que acaba de hacer -suspendido por el TC- en el Parlamento de Cataluña la coalición de JpS y la CUP (que, por cierto, representa a menos de la mitad de los electores), por la vía de hacer posible la tramitación de casi cualquier iniciativa por el procedimiento de lectura única, limitando de este modo la capacidad de presentar enmiendas de la minoría parlamentaria, y dificultando así la capacidad de los diputados de la oposición para llevar a cabo sus tareas representativas en condiciones de igualdad.

Por desgracia, no es ninguna novedad que los políticos separatistas actúen vulnerando los principios básicos del Estado de derecho o la más elemental ética política. Desde que comenzó el «procés» hemos visto cómo proponen criterios que incumplen con la reciprocidad que es exigible para resolver cualquier controversia (tenemos que aceptar la divisibilidad de España, pero la indivisibilidad de Cataluña es sagrada), el desvío constante de recursos públicos generados por toda la sociedad para pagar la propaganda de la ideología de algunos, la afirmación de un abstracto derecho a decidir que nunca incluye la capacidad de los padres para elegir la educación de sus hijos, el incumplimiento sistemático de las sentencias del TC al tiempo que acuden al mismo cuando les conviene, o el uso de las potestades que les atribuye la Constitución para destruir el ordenamiento constitucional.

Aunque pueda haber quien se autoengañe pensando que todo esto es un efecto colateral de la «liberación» de Cataluña, y que en una hipotética independencia retornaría el respeto al derecho como método racional de ordenación de la convivencia, la experiencia histórica demuestra que todo proceso que se lleva a cabo vulnerando los derechos de las personas acaba dando un poder despótico, que por cierto no se limita a incumplir las normas que a algunos les parecen injustas, sino que se afirma sobre la sola voluntad de quien tiene el poder.

Corresponde, por tanto, reaccionar antes de que sea tarde.