La judicialización no es suficiente

La judicialización es recurrir a la justicia para resolver asuntos no estrictamente judiciales. Y tienen razón los separatistas cuando afirman que el gobierno español y los partidos constitucionalistas solo están respondiendo con demandas a los tribunales, a los ataques continuos a las libertades, a los derechos constitucionales, a la xenofobia y la discriminación, a la ley y al estado de derecho, que evidentemente, crean lo que la ingeniería social anti sistema define como un conflicto político. Y los conflictos políticos se deben resolver haciendo política, sobre todo desde el poder y utilizando todos los medios al alcance de las diferentes instituciones en las que los ciudadanos delegamos, para que las usen.

Hace unos días en las páginas de este periódico, el nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomá afirmaba que, los “favorables a la secesión están envalentonados” y pedía “hacer política, dialogar, ser tolerante e inteligente” pero añadía que “en cualquier país de Europa, y no le digo de Estados Unidos, habría mucha gente en la prisión por desobediencia”.

Y tiene razón, pero muerto el burro, la cebada, al rabo.

El acto programado para el próximo día 25 en Barcelona, apoyado por el ayuntamiento constitucional, que lleva por título: “La estructura de seguridad y defensa del estado catalán”, no parece precisar de judicialización alguna y la inteligencia que pide Gomá y las enseñanzas de uno de los ponentes del debate, sociólogo experto en Conflictología y mediador en procesos de paz, aplicadas, indican que donde hace un tiempo teníamos un conflicto, ahora tenemos un proceso y mañana tendremos un problema. Y los problemas políticos no te los resuelven los jueces que a veces parece que no pueden resolver, ni las desobediencias a la ley ni el incumplimiento de las sentencias.

No parece inteligente dialogar y menos negociar nada con quien está envalentonado, sin antes igualar las condiciones previas de igualdad entre las partes. No es posible dialogar nada, sin esa intervención política que iguale las condiciones, ante unas entidades financiadas por las instituciones, que llaman a ganar con la movilización callejera lo que no consiguen democráticamente en las urnas, y con unas instituciones como el ayuntamiento de Barcelona, con su presupuesto, sus técnicos, sus fuerzas de seguridad, etc, dispuestos a desafiar de nuevo al sistema democrático, con su convocatoria, para no respetar el día de la constitución porque según ha decretado su teniente alcalde Pisarello, está “caducada y finiquitada y hay que abrir un proceso constituyente en España, como ya está abierto en Cataluña”. Para negociar esto políticamente, no hacen falta denuncias, jueces y pleitos, aunque bien está que lo denuncie Alberto Fernández, pero lo que hay que hacer es hacerle sentir al ayuntamiento el peso de los recursos políticos del poder democrático. Los ciudadanos voluntarios, defensores de la libertad, en desigualdad de condiciones políticas, lo haremos, manifestándonos en la calle el próximo día 6 de diciembre, ante ese ayuntamiento rebelde.

Ángel Hernández Guardia es miembro de Moviment Civic d’Espanya i Catalans