Trama Púnica-León El juez procesa a Marcos Martínez, sobre el que pesan hasta siete delitos

El auto del juez Velasco es el paso previo para que se fije la apertura del juicio. Cifra en 90.000 euros «el perjuicio» económico por prácticas «alejadas del bien común»

El expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, saliendo de la cárcel de Navalcarnero en diciembre de 2014
El expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, saliendo de la cárcel de Navalcarnero en diciembre de 2014 - ICAL
J. M. AYALA León - Actualizado: Guardado en: Castilla y León

El expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón; el excoordinador de la misma, Pedro Vicente Sánchez, y el que fuera interventor, Manuel Jesús López Sánchez, están mucho más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por su supuesta implicación en la conocida como Trama Púnica después de que el juez Velasco remitiera ayer el auto de procesamiento de los tres y del «conseguidor» Alejandro de Pedro Llorca y el empresario José Antonio Alonso Conesa, dentro de la pieza número 2 del caso, denominado «León». Ahora serán tanto el fiscal como la acusación particular los que en el plazo de diez presenten sus escritos de acusación -también pueden pedir el sobreseimiento de la causa- para que se pueda fijar la fecha del juicio oral.

En su escrito, el juez se reafirma en los delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información continuada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada que pesan sobre el también alcalde del municipio de Cuadros, que llegó a estar en prisión preventiva desde el 27 de octubre de 2014 hasta el 11 de diciembre de ese mismo año. Según se desgrana en el auto, basado en «los indicios racionales» de la instrucción, Marcos Martínez «se puso en manos» de Alejandro de Pedro para «lograr su objetivo de consolidarse en el cargo» y optar a la Presidencia del PP de León al no contar con suficiente apoyos en el partido. Así, según Eloy Velasco, las empresas del «conseguidor», «sin actividad periodística real», creaban noticias «favorables al político» en digitales «escasamente leídos» y se prestaban a hablar en su favor «con personas notorias e influyentes del PP» -entre las que se citan a Javier Floriano y a María Dolores de Cospedal-». A cambio, los empresarios que le daban esos servicios recibían adjudicaciones directas «irregulares» para unas actividades cuyos fines considera «alejados del bien común y con el correlativo perjuicio para las arcas públicas» que Velasco cifra en 90.000 euros. «Se instrumentalizó una secuencia de decisiones arbitrarias por las que mes tras mes, entre enero de 2012 y septiembre de 2014, se aprobó un gasto indebido, sin formalizar ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo», resume en un auto en el que aclara que buena parte de esos pagos -incluidos algunos realizados desde Gersul de fondos procedentes de Ecoembes-, se realizó cuando la fallecida Isabel Carrasco ocupaba la Presidencia de la Diputación de León. Asimismo, en el escrito se afirma que Martínez, que prefirió ayer no hacer declaraciones hasta no hablar con su abogado, confío a la trama la supervisión de alguno de sus discursos y el diseño de un plan de medios pese a disponer de un gabinete de prensa, «creando una duplicidad» que «sólo le beneficiaba a él».

Otra de las operaciones investigadas se centra en las gestiones realizadas por los ahora procesados para adjudicar los contrato públicos vinculados a la estación invernal de San Isidro a las empresas de De Pedro consistentes en la mejora y explotación de las pistas de esquí y para la gestión de las cafeterías El Rebeco y Pico Agujas. El juez concluye que hubo «un interés mutuo» por el que Martínez podría presentar este proyecto de inversión como un logro de cara a las elecciones, mientras que De Pedro obtenían la retribución que ello suponía para sus empresas. Velasco basa estas afirmaciones en las conversaciones telefónicas captadas en las que tanto el expresidente como el interventor «pactaban a conveniencia» de De Pedro «sin dar la misma oportunidad a otros posibles licitantes». La intervención de la trama llega, según recoge el escrito, hasta el punto de determinar el título de los expedientes y el contenido de los mismos «llegando a tener en su poder la oferta cuando no se había ni siquiera publicitado» para «poder así corregir los originales e insertar criterios de valoración que ellos ya habían preparado con antelación».

En esta parte tiene especial protagonismo el exinterventor, que habría participado en reuniones con De Pedro hasta convertirse «en cooperador imprescindible» de los acuerdos «y conseguir que aparentemente estos cumplieran la ley». Además, «dio con su firma cobertura a los pactos realizados» entre Martínez y el conseguidor respecto al pago de los «banners» publicitarios en los digitales que favorecían la imagen del expresidente.

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