Excavaciones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el cementerio de Valladolid
Excavaciones de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el cementerio de Valladolid - ICAL
POLÍTICA

Castilla y León ya tiene su Memoria Histórica

La Junta da el visto bueno al Decreto que dará pie a una subvención de 100.000 euros para las asociaciones vinculadas

VALLADOLIDActualizado:

castilla y León ya cuenta con su propia regulación en materia de Memoria Histórica. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Decreto sobre la Memoria Histórica y Democrática que, no obstante, aún deberá pasar por el Gobierno Abierto, donde se podrán aportar alegaciones o sugerencias y, tras los informes preceptivos, pasar a su aprobación definitiva. El consejero de la Presidencia y vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó al término del Consejo la nueva norma por la cual se regula toda la actividad relacionada con la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil española. El Decreto ha sido acordado con las asociaciones implicadas y los sindicatos CC.OO. y UGT, aunque ya existía un grupo de trabajo en las Cortes regionales que, sin embargo, acabó en «bloqueo», según lo reconoció el propio De Santiago-Juárez quien, no obstante, alabó la actitud que ha mantenido el procurador socialista, Álvaro Lora.

Con la nueva normativa, la Junta trata de poner orden en las actuaciones relacionadas con la Memoria Histórica y obligar a que los ayuntamientos e, incluso, los particulares, permitan llevar a cabo las excavaciones necesarias cuando se tengan indicios suficientes de que hay un enterramiento de represaliados. Según explicó el consejero, la decisión de acudir a la figura del decreto y no a una ley se tomó debido a que, precisamente es la Ley nacional la que actualmente se está intentando reformar. De hecho, lo que en Castilla y León se busca con la nueva normativa es «regular el procedimiento recogido en la orden estatal». Justificó la iniciativa en que «es indigno que un país democrático tenga muertos en las cunetas; que los ciudadanos no puedan enterrarlos con honor». Reconoció, además, la «buena intención del socialista Rodríguez Zapatero cuando aprobó la Ley nacional, pero «se equivocó al presentarla como que ‘ahora nos toca a nosotros’, cuando ‘nosotros’ somos todos».

De Santiago-Juárez explicó que aunque son los ayuntamientos los que tienen que dar los permisos, el Decreto incluye medidas por incumplimiento e, incluso, la posibilidad de llegar a los tribunales. También se regula el acceso a los terrenos de titularidad privada e, incluso, se puede determinar la ocupación temporal del espacio en el que se quieren realizar las excavaciones. Al mismo tiempo, se acometerá la elaboración de un mapa de fosas comunes y enterramientos relacionados con la Guerra Civil que, posteriormente, se remitirán al Gobierno de España para la elaboración del mapa nacional.

El consejero de la Presidencia anunció que el próximo mes su departamento publicará una orden para abrir una línea de subvenciones para las asociaciones implicadas que estará dotada con una partida de 100.000 euros. Precisamente, esas organizaciones han pedido que el Decreto incorpore una especie de asignatura titulada «Educar en la verdad» con el objetivo de que «los alumnos conozcan toda la verdad sobre la historia de España». De Santiago-Juárez sugirió que llevasen esta iniciativa a Gobierno Abierto para su posterior incorporación.