Tribunales
Delgado y Hernández se culpan mutuamente de la compra de la Perla Negra y el parque de Portillo
La exviceconsejera dice que intentó «reconducir» la adquisición del parque empresarial porque era «excesiva y desacertada»
Ambos fueron número dos de la Consejería de Economía que entonces dirigía el recientemente fallecido Tomás Villanueva. Primero lo fue Rafael Delgado, hasta el año 2007, cuando llegó al puesto de viceconsejera Begoña Hernández. El relevó se produjo en una etapa crucial de la trama conocida como la «Perla Negra» -en la se investiga si hubo pelotazo urbanístico tanto en el citado edificio de Arroyo de la Encomienda como en la compra del malogrado parque empresarial de Portillo-, por la que ayer los dos se tuvieron que sentar frente al juez instructor para responder a horas de preguntas sobre su implicación y durante las cuales se responsabilizaron mutuamente, asegurando cada uno que había sido el otro quien había liderado las dos operaciones.
Así, el debate giró en torno a quien tuvo las facultades ejecutivas, de liderazgo y de decisión, que ambos vincularon al puesto de viceconsejero. Por un lado, Begoña Hernández defendió que cuando ella llega al puesto ambas actuaciones urbanísticas se encontraban ya encaminadas y que el artífice habría sido Rafael Delgado, su predecesor, a quien señaló como responsable intelectual. Por su parte, éste afirmó que cuando se cierra la compra de los terrenos de Portillo y de la «Perla Negra» él ya no ostenta el cargo de número dos, había pasado al puesto tres -secretario general- por detrás de ella, y la responsabilizó de las negociaciones, según apuntaron fuentes jurídicas tras las declaraciones de ambos.
La primera en comparecer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid fue Begoña Hernández. Durante dos horas explicó «todos los aspectos administrativos» y cuál fue su papel, que, dijo, se basó en u na «intervención absolutamente profesional», señaló su abogado a la salida. Al frente de la presidencia del consejo de administración de Gesturcal -sociedad que gestionó las dos compras- señaló que su labor fue la de dirigir debates y comprobar que se cumplían los trámites administrativos. Y en este sentido, señaló que estuvo de acuerdo con la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, una vez ya desechado el alquiler, dado que se cumplía con una tasación pericial encargada, que era «la más barata», respecto a las que se sometieron a examen, ya que en las distintas testificales se ha puesto de relieve como otras empresas cuantificaron el valor del inmueble a la baja pero sus cifras no llegaron a darse a conocer en este órgano de decisión.
«Difícil de asumir»
Por el contrario, aseguró que no estuvo de acuerdo con la operación del malogrado parque empresarial de Portillo, que intento que se «reconsiderara» o se «recondujera», según aseguró en sala. Su letrado defendió, que, al parecer de Hernández, la compra de los terrenos era «excesiva desde un punto de vista financiero» y que ella manifestó entonces que sería «desacertado» y «difícil» asumirla teniendo en cuenta que en una situación de crisis la sociedad Gesturcal «no estaba en condiciones» para ello. La adquisición se realizó, y la instrucción del caso trata de calificar si con sobrecoste.
Por su parte, Rafael Delgado prestó declaración durante más de dos horas y media . A preguntas de juez, fiscal y más de una decena de letrados, señaló que todos los pasos que él dio fueron cumpliendo «órdenes» de arriba y que ambas operaciones habían sido «consensuadas» en Economía.
Respecto al parque empresarial, señaló que se apreció como una operación «interesante» en la Consejería de Economía en el marco de una propuesta de trabajo de 2009 que instaba a adquirir 2.000 hectáreas de terreno y a invertir cerca de 137 millones de euros. Y en lo que se refiere a la «Perla Negra» insistió en que la operación fue dirigida desde la cúpula y señaló que en el momento en que se puso en «duda», el presiente de la Junta instó a Economía y a Hacienda a que saliera «adelante» de forma correcta.
Finalmente, denunció que fue «utilizado» por Hernández y Villanueva para ser quien firmaba determinados trámites «sin deber» y aseguró que existe una estrategia orquestada para responsabilizarle de todo el caso.
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