Toledo lidera la ratio nacional con un fiscal por 29.131 habitantes

La provincia de Toledo es la «ganadora absoluta» en España en la ratio fiscal/habitantes. Este titular lo dio este jueves el fiscal jefe, Luis Ibáñez, quien aportó unos datos, a fecha 31 de diciembre de 2014, recabados por él mismo. Según su estadística (elaborada con una población total de 699.136 personas), a cada uno de los 24 fiscales de la provincia le correspondía 29.131 habitantes por aquella fecha. «Ahora seguro que es más», apostilló. La diferencia es abismal con respecto a otras provincias donde la ratio era por entonces de 16.800 habitantes por fiscal, aunque Ibáñez se guardó los nombres.

Realmente, en 2014 Toledo tenía por delante a Navarra, donde la relación era de 30.514 habitantes por fiscal.

Sin embargo, «creo que en Navarra hay personas empadronadas que no residen, por lo que los censos pueden engañar un poco», reflexionó Ibáñez.

Para el fiscal jefe de Toledo, la provincia está muy alejada de las ratios europeas, como sucede en Alemania, Italia o Francia, donde la relación fiscal/habitante es un 50 por ciento menos.

Por partidos judiciales, Illescas «sigue llevándose el premio» por el número de diligencias, «sensiblemente superior a cualquier otro partido judicial de la provincia», según el fiscal jefe de la provincia. El pasado año, por los seis juzgados de Illescas se tramitaron 14.950 diligencias previas, además de las diligencias urgentes (juicios rápidos), con 279. No obstante, el partido judicial de Toledo generó más juicios rápidos (577) que Illescas pero muchas menos diligencias previas (11.177). Sin embargo, «Toledo ni siquiera se acerca a Illescas», concluyó Ibáñez, que ofreció ayer datos de la memoria de la fiscalía de 2015.

Por delitos

Ibáñez calculó que la provincia necesita una plantilla cercana a 30 fiscales, debido al volumen de trabajo que soporta este colectivo, principalmente en el ámbito penal, el campo que más trabajo da a la fiscalía. No obstante, el pasado año se incoaron 4.393 diligencias menos que en 2014, lo que representó un descenso del 6,33 por ciento (de 69.335 se pasaron a 64.942 diligencias). «Eso supone una disminución de la conflictividad criminal», coligió el fiscal jefe.

Por delitos, en 2015 se iniciaron un 16 por ciento menos de diligencias por homicidio y sus formas, mientras que aumentó un 10 por ciento el número de expedientes abiertos por lesiones.

Contra la libertad sexual, se incoaron casi un 4 por ciento menos de diligencias que en 2014. Un descenso muy similar hubo en el ámbito de la violencia doméstica y de género, con una bajada del 3,2 por ciento (de 770 en 2014 a 745 en 2015). En delitos contra las relaciones familiares (657 el pasado año), se registró un ligero aumento del 7,4 por ciento. El grueso de las diligencias estaba relacionado con el impago de pensiones y el quebrantamiento de los deberes de custodia.

El apartado que supone el mayor número de diligencias volvió a ser el relacionado con los delitos contra el patrimonio, como robos con fuerza, hurtos y estafa en todos los supuestos, además de daños. Hubo un ligero descenso del 3,9 por ciento (de 24.607 en 2014 a 23.645).

Un «notable» descenso del 29,1 por ciento, según los datos de la fiscalía, se registró en los delitos contra la administración pública: de 55 en 2014 frente a 39 diligencias en 2015. También hubo un leve descenso del 5,7 por ciento en los delitos contra la administración de Justicia (de 506 en 2014 a 476 el pasado año).

En cuanto a las diligencias previas pendientes, se redujeron de manera ostensible durante 2015: el 1 de enero eran 11.165 y el año se cerró con 8.554. Ibáñez subrayó estas cifras, ya que en 2014 la disminución fue de 1.000 diligencias.

Sentencias

Asimismo, bajó «considerablemente» (un 15,5 por ciento) el número de procedimientos abreviados: de los 3.360 a fecha de 1 de enero se pasó a 2.839 al concluir 2015.

También fue acentuado el descenso en los escritos de calificación de los fiscales, mayoritariamente acusaciones: 1.555 el pasado año, casi un 20 por ciento menos que en 2014. Y en cuanto a sentencias, tanto en penal como en la Audiencia Provincial, se dictaron 1.270 veredictos condenatorios, un 3 por ciento menos más que el anterior, y 595 dictámenes absolutorios, un 6 por ciento menos que en 2015.