Una juez inhabilita 7 años al alcalde de Lagartera por prevaricación

El alcalde de Lagartera (Toledo), José Vicente Amor Jiménez (PP), ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, aunque la sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Toledo.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina notificó este martes a las partes el fallo en el  que se condena a José Vicente Amor como autor de un delito de prevaricación por omisión por su intervención en tres expedientes administrativos relacionados con dos granjas de su pueblo, que continúan funcionado pese a los dictámenes judiciales. Se da la circunstancia de que sobre esos tres expedientes administrativos ya hay fallos de juzgados de lo contencioso-administrativo en contra del Ayuntamiento de Lagartera, al que condenan a pagar los gastos de los juicios.

El funcionamiento de esas dos granjas ha provocado que los vecinos lleven seis años soportando olores, insalubridades y molestias, que habrían terminado si el Ayuntamiento no hubiese permitido la apertura de una de ellas y la clausura de la otra en diciembre de 2011.

Según el abogado José Antonio Bermúdez Alonso, que ha defendido los intereses de vecinos perjudicados por este caso, el alcalde condenado hizo caso omiso de la resolución dictada en 2011 por el anterior equipo de Gobierno para clausurar la granja de Juan Andrés Igual Lozano, exconcejal municipal y compañero de partido de José Vicente Amor. El dictamen se tomó bajo el mandato del socialista Lorenzo Lozano Bermejo como alcalde, un acuerdo que el propio José Vicente Amor ratificó siendo regidor municipal.

Sin embargo, y según el letrado, el alcalde del PP «no la ejecutó conscientemente, mediante argucias jurídicas y administrativas», lo que obligó a algunos vecinos a acudir a la vía judicial para materializar la clausura de la granja, aún sin cerrar a pesar de otra sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo que ordena su clausura inmediata.

La juez de lo penal que ha condenado a José Vicente Amor también le responsabiliza de haber permitido la apertura de una granja que, cuando tomó posesión como alcalde, tenía abierto un expediente por no disponer de licencia de obras ni de actividad. «A pesar de las múltiples denuncias de los vecinos», explica el abogado José Antonio Bermúdez, el alcalde «no continuó con el expediente de legalización iniciado por la anterior corporación municipal». En este caso, otra sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo también acuerda que se siga con los trámites del expediente y la suspensión inmediata de la actividad de ganado porcino en esa granja.

A José Vicente Amor también se le condena por «inventarse» un procedimiento para declarar lesivos los expedientes de las dos granjas, «y así no tener que cumplir lo acordado en los mismos, conculcando la legalidad vigente», aclara el letrado Bermúdez.

Pero el alcalde de Lagartera volvió a toparse con la Justicia en ese procedimiento de lesividad, ya que un juzgado de lo contencioso-administrativo dictó sentencia contra el Ayuntamiento, que fue condenado en costas por tercera vez.

El abogado José Antonio Bermúdez considera que la sentencia de inhabilitación contra el alcalde de Lagartera «hace justicia» y demuestra que José Vicente Amor intentó beneficiar, «de forma consciente, deliberada y arbitraria, a un exconcejal del Ayuntamiento y compañero de partido, en contra de la legalidad y de los intereses de los vecinos».

El letrado destaca la «constancia» de los vecinos, que han soportado los gastos en procedimientos judiciales «que no tendrían por qué haber abonado de haber actuado el Ayuntamiento conforme a la legalidad». Esos vecinos están consiguiendo, al final, que «los tribunales obliguen» al Consistorio «a cumplir con la legalidad».

Bermúdez espera que el alcalde «deje de gastar dinero público para defender intereses particulares y tener que abonar condenas en costas por intentar mantener ilegalidades». Le insta a que proceda «sin más demora» a clausurar ambas granjas para evitar, así, que los vecinos y comerciantes sigan soportando olores, insalubridades e incomodidades.