Díaz Revorio ve «impropio» que expresidentes de la Junta mantengan por ley chófer y secretario

El catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Revorio considera «impropio» que una ley mantenga para los expresidentes autonómicos castellanomanchegos prerrogativas como contar con un conductor y un secretario, aunque ha opinado que el tratamiento honorífico se les debe mantener.

Díaz Revorio, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), ha sido el primer experto en comparecer en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 constituida en las Cortes de Castilla-La Mancha. A priori, el catedrático ha explicado que podría haber dos leyes, una para el Gobierno y otra para el Consejo Consultivo, pero el estatuto de autonomía «parece imponer» que sea una, la única además en el ordenamiento autonómico que se debe aprobar con las tres quintas partes de la Cámara, no solamente con mayoría absoluta.

Esta «especial rigidez» de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo tiene la ventaja de que si se reforma será «necesariamente» por acuerdo de la mayor parte de la Cámara, ha dicho. El catedrático ha señalado que hay «ciertas prerrogativas» para los expresidentes que se deben «repensar» y que él no mantendría (tener conductor y secretario) pero que, además, la sociedad exige que «vayan desapareciendo».

Sobre el Gobierno ha propuesto mantener la limitación de los mandatos pero reduciendo de 8 a 6 años de modo que se elimine la posibilidad de que un presidente autonómico disuelva las Cortes cuando lleva 3 años de su segunda legislatura y pueda volver a presentarse, con lo que estaría hasta 11 años. Ha opinado que un gobierno en funciones no puede tener ninguna iniciativa legislativa, no solo referida al proyecto de presupuesto, y ha precisado que en la reforma se podrían «especificar más» qué actuaciones puede desempeñar.

En cuanto a la regulación de las incompatibilidades y la declaración de bienes, ha sugerido que se revise la incompatibilidad «no porque esté muy equivocada» sino para «actualizar» algún extremo y, en concreto, se incorpore la obligación de comparecencia previa ante la comisión correspondiente de las Cortes de las personas propuestas como consejero.

Desde julio de 2015 esta obligación de comparecencia está regulada en una resolución supletoria de la Presidencia de las Cortes y el catedrático ha considerado «más que dudoso» que esta resolución del presidente de la Cámara pueda obligar a «un tercero», teniendo en cuenta que los consejeros pueden no ser diputados.

Respecto al Consejo Consultivo, ha defendido su continuidad y ha opinado que sus miembros no deben renovar en bloque, sino que haya etapas de 6 años, de modo que cada 3 años se renueven los elegidos por el Gobierno y a los 3 siguientes los nombrados por las Cortes.

En caso de que se le habiliten al Consejo funciones para realizar estudios, algo «recomendable» en su opinión, este experto en Derecho Constitucional considera que la experiencia que pueden aportar los expresidentes del Gobierno y de las Cortes es «muy valiosa».

Díaz Revorio ha enfatizado, sin embargo, que de momento ningún expresidente se ha incorporado al Consejo Consultivo, y ha señalado que él también incluiría la posibilidad de que un determinado número de diputados pueda acudir al Consejo Consultivo en el momento de estudiar una proposición de ley.

Esto evitaría, por ejemplo, lo que pasó con anteriores reformas electorales, que no pasaron por el Consejo Consultivo y por tanto «no pudo ni examinarlas, ni corregir ni proponer», ha matizado.

También ha dicho que un 70 por ciento de la actuación del Consejo Consultivo se centra en la responsabilidad patrimonial de la Administración regional para lo cual ha sugerido que solo se informe cuando la responsabilidad supere los 6.000 euros, no a partir de los 600 euros como sucede en la actualidad.

Por su parte, el diputado de Podemos José García Molina no ha estado de acuerdo en que se mantenga el tratamiento honorífico de «excelencia» a los expresidentes ni en la posibilidad de que el Gobierno elija a una parte del Consejo Consultivo, ya que su grupo prefiere que lo haga el Consejo General de la Abogacía.