Las razones de la Fiscalía por los negocios de seguridad del presidente de la U.D. Las Palmas

Un viligante ABC

R.L.P.

El Consejo de Ministros acordó en septiembre pasado enviar a la Fiscalía General del Estado la decisión de suspender el procedimiento administrativo sancionador contra Seguridad Integral Canaria, como adelantó ABC en septiembre de 2017.

Se trata de un expediente incoado por un acta de infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas a Sicsa, que estaría controlada por el empresario Migel Ángel Ramírez.

Hace un año, en abril de 2017, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya recibió la aprobación del Consejo de Ministros para enviar a la Fiscalía General del Estado un expediente de «infracción» sobre la Seguridad Social cursada por la Inspección Provincial de Trabajo de Las Palmas a Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Esta empresa, según CC.OO, UGT y CSIF, empleando fuentes mercantiles, formaría parte de la órbita de influencia de Seguridad Integral Canaria. Desde abril de 2017, la Fiscalía General de Estado analiza el proceder laboral de esta sociedad anónima.

En concreto, el acuerdo del pasado mes de abril de 2017, como el de este mes de septiembre del pasado año, daba «luz verde» al Gobierno para la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto desde la Seguridad Social en Las Palmas. Activaba, por tanto, la maquinaria jurídica desde el Ministerio Fiscal.

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