España

Tres ex altos cargos de Unión Mallorquina serán juzgados por captar votos con fondos públicos

La extinta formación nacionalista habría desviado recursos del Consell de Mallorca para conseguir sufragios en los comicios autonómicos de 2007

Imagen de archivo de Josep Lliteras
Imagen de archivo de Josep Lliteras - EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra ocho personas, tres de ellas ex altos cargos de la extinta Unió Mallorquina (UM) en el Consell de Mallorca, por el presunto desvío de fondos públicos para captar votos para dicha formación en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Esta causa es una pieza separada del llamado caso Maquillaje.

En el juicio se dilucidará si se cometieron o no los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la Administración, falsedad por parte de funcionario y falsedad mercantil. Los antiguos cargos de UM que deberán sentarse en el banquillo son el exdirector insular de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca, Josep Lliteras; la exjefa de Programas, Coloma Munar, y la ex secretaria general de Vicepresidencia, Eugenia Cañellas.

El auto del juez impone a los acusados un montante total de 293.000 euros en concepto de fianzas de responsabilidad civil. Contra esta resolución no cabe recurso, excepto en lo relativo a las fianzas. El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Palma.

Cabe recordar que UM fue fundada en 1982 y que se autodisolvió en 2011, por la acumulación de casos de corrupción en su seno. En sus inicios, era una opción de carácter regionalista, que se reconvirtió en nacionalista durante la etapa en que fue presidida por Maria Antònia Munar, entre 1992 y 2007. UM no pasó nunca de ser un partido «bisagra» en Baleares, siempre muy por detrás del PP o del PSOE. No obstante, esa condición le acabó dando con el tiempo un poder decisorio esencial.

A lo largo de casi tres décadas, UM apoyó de manera alternativa tanto gobiernos conservadores como pactos de progreso en el Ejecutivo autonómico. A cambio, Munar pudo presidir el Consell de Mallorca entre 1995 y 2007.

Tras los comicios autonómicos y municipales celebrados en 2007, el PSOE, la coalición denominada BLOC y UM llegaron a un acuerdo de gobernabilidad en el Ejecutivo autonómico, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Ese tripartito se rompió en dichas instituciones en febrero de 2010, tras la expulsión de UM debido a la continua acumulación de imputaciones judiciales en la cúpula del partido de Munar.

Fue también en febrero de 2010 cuando Munar dimitió como presidenta del Parlamento regional. Un año después, en febrero de 2011, el entonces presidente de UM, Josep Melià, convocó al Comité Nacional para proponer la disolución del partido. Esa propuesta fue apoyada con el 85 por ciento de los votos, así como la nueva designación, Convergència per les Illes.

Melià quería transmitir de ese modo la idea de una ruptura total y absoluta con el pasado, pues en aquel momento los tres últimos expresidentes de la formación, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, se encontraban imputados judicialmente. Tanto Munar como Nadal acabarían siendo finalmente condenados y en 2013 ingresaron en prisión. En total, Munar está cumpliendo ahora una pena global de once años y medio de cárcel por dos condenas distintas.

Por lo que respecta a Convergència per les Illes, hace tres años acordó junto con Es Nou Partit d'Eivissa, Unió Menorquina y la Lliga Regionalista de les Illes Balears crear un nuevo partido, que nació bajo la denominación de Proposta per les Illes (PI). En los comicios autonómicos de mayo de 2015, PI consiguió tres escaños en el Parlamento regional y otros tres en el Consell de Mallorca, resultados muy parecidos a los que solía obtener UM en el pasado.

Aun así, los escaños logrados entonces por el resto de formaciones hicieron que, por vez primera, los votos de los nacionalistas de centro no fueran decisivos en Baleares para conformar una nueva mayoría, que en esta legislatura es de izquierdas gracias a los pactos de gobernabilidad suscritos entre el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Podemos.

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