La trama del 3 por ciento actuaba como grupo criminal, según el juez

La trama del 3 por ciento funcionaba como un auténtico “grupo criminal” en los que cada implicado -entidades públicas, empresas, CatDem y Convergència Democrática de Catalunya (CDC), con el tesorero de esta formación Andreu Viloca en el centro- jugaba un rol determinado para conseguir los objetivos buscados: en unos casos la adjudicación de obra pública y en otros la de financiar al partido de Artur Mas

Esa calificación de “grupo criminal” para describir el funcionamiento de la trama se ha introducido por primera vez esta semana por responsables de la investigación, a raíz de las detenciones y entradas y registros del pasado miércoles, como parte de una operación que hace tambalearse los cimientos del “régimen nacionalista” que durante décadas ha gobernado Cataluña.

Porque al contrario que el caso Pujol, que afecta a particulares, por muy relevante que sean, esta vez es el propio funcionamiento de la administración y del partido que la dirige los sospechosos de diseñar una estrategia en beneficio propio; es decir, sería una corrupción sistémica.

El planteamiento de la investigación puede resumirse de forma gráfica en un cuadrado en cuyo centro geométrico estaría Andreu Viloca (ver infografía). En el vértice superior derecho estarían las entidades públicas, ya sean ayuntamientos o la sociedad que gestiona la obra pública de la Generalitat, Infraestructuras.cat. Estas son las que ofertan la obra pública, por las que compiten las empresas, llámese Teyco, Grup Soler, Tec-4 o cualquiera otra de las que ya han aparecido en la investigación, o las que quedan por aparecer, y que se situarían en el vértice inferior derecho. En el proceso para hacer esas adjudicaciones es cuando surgen los delitos de exacción ilegal, alteración de concursos públicos y prevaricación.

Esas empresas, para conseguir las adjudicaciones, inevitablemente tienen que pagar el cohecho correspondiente, lo que se ha conocido popularmente como el 3 por ciento pero que la investigación ha demostrado que n algún caso ha llegado a casi el 10 por ciento. Como es lógico, ese dinero no se paga a los ayuntamientos o a la sociedad de la Generalitat encargada de la obra pública, lo que dejaría un rastro evidente y además no conseguiría el fin último, que es que esas cantidades lleguen a CDC. De modo que esta formación se vale de un instrumento, CatDem, su fundación, que es la que las recibe en forma de donaciones, aparentemente legales, y que en el gráfico se situaría en el vértice inferior izquierdo.

Para que el dinero llegue a CDC (vértice superior izquierdo) es necesaria la comisión de los delitos de blanqueo y de falsedad documental, lo que cierra el “cuadrado criminal”. La relación última entre las entidades públicas y Convergencia es, como se aprecia en el gráfico, la financiación ilegal del partido de Artur Mas, que es lo que se adivina detrás de todas estas actividades, siempre según fuentes del caso consultadas por ABC.

¿Por qué se sitúa a Andreu Viloca en el centro de la trama? Porque tiene relación con todos y cada uno de los “vértices” descritos: tiene en su poder documentación de los proyectos y de las constructoras, lo que es difícil de justificar dado su cargo; mantiene reuniones con los empresarios; es administrador de CatDem y, además, tesorero de CDC.

La pregunta, por tanto, es hasta dónde se ha llegado de momento no ya con la operación del miércoles, sino también con las tres anteriores. Se partió de un episodio que parecía aislado, una anécdota grave, pero que no iba más allá como eran los manejos en el Ayuntamiento de Torredembarra, que se conocieron por la denuncia de una concejal de ERC. Se detuvo al alcalde y a varios ediles, pero además se obtuvo información relevante de adjudicaciones sospechosas a Teyco, una de las empresas constructoras que más obra pública hacen en Cataluña, dirigida por Jordi Sumarroca -fue detenido en agosto y encarcelado- y fundada por Carles Sumarroca, uno de los padres de CDC, junto a Jordi Pujol.

El registro de Teyco permitió encontrar documentación que implicaba a CatDem como receptora de las comisiones, lo que llevó el pasado mes de agosto a entrar en su sede en busca de más documentación. Y de nuevo saltó la sorpresa: en un ordenador de Andreu Viloca, su administrador, se encontró un archivo llamado “empresas.doc” en el que se detallaban una veintena de empresas que hacían donaciones que se podían relacionar con adjudicaciones, así como datos que relacionaba el dinero que llegaba a la financiación con asientos contables de Convergencia… Y lógicamente había que registrar su sede, porque había serias sospechas de que podría tratarse de un caso de financiación ilegal, un delito que es especialmente difícil de probar porque la legislación es muy restrictiva en este aspecto. No obstante, las fuentes consultadas creen que esta vez hay posibilidades de éxito.

Otro de los interrogantes abiertos en las últimas horas es por qué Andreu Viloca fue enviado a prisión mientras que el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rusell, quedó en libertad, aunque ha tenido que entregar el pasaporte y tiene prohibida su salida de España. En primer lugar, como ya se ha visto, es porque el tesorero de CDC está acusado de todos los delitos en juego, pero sobre todo es determinante que se le imputa blanqueo continuado de capitales que además habría sido cometido mediante organización. Y eso está castigado con más de cinco años de prisión.

Pero hay otro elemento que diferencia ambas situaciones, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había pedido prisión incondicional para ambos. Es el riesgo de destrucción de pruebas. Aquí ha tenido especial peso el hecho de que la Audiencia de Tarragona dejara en libertad a Jordi Sumarroca alegando que ese peligro solo justifica la cárcel si hay constancia concreta de que el implicado, si está en libertad, puede poner en peligro el resultado de una diligencia concreta que se vaya a hacer en el futuro.

Pues bien, en este caso ese peligro solo se aprecia en Viloca, pero no en Rosell, a pesar de que en el registro de Infraestructuras.cat, tal como informó ayer ABC, se encontró una prueba documental de que se había producido la manipulación en las condiciones de una adjudicación para beneficiar a una empresa concreta. Parece lógico pensar que si hay más documentos comprometedores el director general tendría la tentación de hacerlos desaparecer, pero eso no es suficiente según el criterio de la Audiencia.