El Supremo avisa al Congreso de que no puede interferir en casos abiertos

El Tribunal Supremo ha advertido en repetidas ocasiones al Congreso de los Diputados sobre la falta de concreción de los trabajos que los grupos desarrollan en las comisiones de investigación y, más concretamente, las de la presunta financiación ilegal del PP («caja B») y la del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, ha dirigido varios escritos a la Cámara Baja avisando de que «resulta imprescindible que se concreten e identifiquen de manera precisa los datos necesarios» para que se pueda remitir la diversa documentación requerida por los grupos políticos sobre distintos procedimientos judiciales.

«Carpetas de colores»

Entre la vasta documentación solicitada por el Congreso al Supremo figuran decenas de sumarios, «y en su caso sentencias» de procesos judiciales, algunos bajo secreto, como Púnica, Gürtel, Lezo, Palma Arena o Pokemon.

Los grupos, según la petición que firma el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, también piden conocer los «autos» de la Fiscalía, cuando estos escritos solo los emite el juez, no el Ministerio Público.

La informalidad llega hasta el extremo de que se solicitan «las nueve carpetas de colores entregadas por Luis Bárcenas, el 15 de julio de 2013, al juez Pablo Ruz». O, directamente, piden «los papeles de Bárcenas», el extesorero nacional del PP.

El Supremo también advierte al Congreso de que «no resulta jurídicamente posible» atender a las exigencias de información planteadas en la comisión que investiga la supuesta utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz. Se pide, entre otras, cierta documentación residenciada en la administración de Justicia de Andorra.

«Imposibilidad jurídica»

Lesmes, que es también presidente del Consejo General del Poder Judicial, adjunta en su escrito del 27 de junio un informe emitido por el gabinete técnico del órgano de gobierno de los jueces, con varias consideraciones. Se apunta que «la investigación parlamentaria no puede afectar a las resoluciones judiciales ni incidir sobre la labor de los tribunales». Y, por tanto, según el CGPJ, la solicitud de información sería «una petición no procedente».

«En el presente caso -entiende el gabinete técnico- el presidente del Supremo, a quien se dirige la comunicación referida, nada puede hacer relativo a la petición formulada». Y se recuerda que la documentación que se pretende es objeto de expedientes que se siguen en Andorra, «por lo que ninguna competencia» tiene sobre ella el TS o el CGPJ.