Entrevista: José Manuel Romay Beccaría
«Si la Constitución se reforma sin reflexión no saldrá como debería»
Tras comparecer en la Comisión del Congreso que estudia la reforma constitucional, el presidente del Consejo de Estado pide una reflexión sobre el funcionamiento del Estado autonómico
El despacho del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría (Betanzos, 1934), está cerrado la Prensa. La condición colegiada que tiene la institución consultiva más importante del Gobierno le impide posicionarse sobre temas en los que el organismo no haya expresado primero su parecer. Se niega escrupulosamente a hablar sobre lo que todo el mundo opina: Puigdemont, la idea de la plurinacionalidad, e incluso de las encuestas electorales, aunque sabe mucho de ello. Ni siquiera se permite dar opiniones personales. «Me las tengo que guardar porque estoy vinculado a mi posición», dice pacientemente cuando se le pregunta. Pero esta semana ABC ha charlado con él sobre tres temas de máxima actualidad: el Estado autonómico, la reforma de la Constitución y la prisión permanente revisable .
Tan valiosa es su opinión como presidente del Consejo de Estado como por la experiencia que acumula en los 55 años que este jurista suma al servicio de la política. Un periodo en el que ha ocupado cargos en todas las tres administraciones del Estado (local, autonómica y central) y en ambas Cámaras, lo que le convierte en uno de los mejores conocedores de su funcionamiento. Con esta experiencia, hoy, en medio de la crisis territorial más importante de la democracia lanza un mensaje nuevo y tranquilizador: la crisis catalana evolucionará para «mejor». Desde su óptica, es posible creer que lo peor del desafío catalán puede haber quedado atrás.
-A la vista de la crisis catalana, ¿el Estado autonómico ha salido bien?
-Hago una valoración muy positiva del Estado autonómico, creo que fue un acierto y soy un defensor suyo pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Hay que dar por terminado el proceso de descentralización y preocuparnos ahora de que el modelo funcione bien. Y hay que hacer una reflexión sobre si el Estado tiene las funciones necesarias para garantizar los tres principios esenciales sobre los que se sustenta el modelo autonómico: solidaridad, igualdad y cooperación. Se tiene que estudiar, porque es posible que no tenga suficientes. Uno de los desafíos que afectan al Estado es conseguir que funcione armoniosamente la cooperación.
-¿En qué dirección deberían ir esas nuevas facultades y cómo se dotaría de ellas al Estado?
-Ningún Gobierno nos lo ha consultado. Si nos lo consultan, avanzaremos en eso.
-¿Entra aquí, con más centralización, la solución a la crisis catalana?
-Lamentablemente en Cataluña las cosas no han ido bien. Los últimos acontecimientos han sido de evidente gravedad y hay que hacer todo lo que se pueda para evitar que se abandone ese camino, hay que intentar recuperar el máximo diálogo, el máximo consenso, el máximo entendimiento. Ésta es una buena receta para Cataluña y ahora corresponde a los políticos aplicarla.
-En 2006, el Consejo de Estado informó al Gobierno sobre una reforma de la Constitución que no llegó a llevarse a cabo por no existir un ambiente adecuado. Y hoy, más de diez años después, la situación política es peor. ¿Cree que dentro de diez años la situación política será aún más complicada en Cataluña?
-Yo espero que esté mejor. La racionalidad tiende a imponerse. Creo en la naturaleza humana y en su capacidad para buscar vías de diálogo porque las rupturas son traumáticas para todos. Es la hora del entendimiento, la concordia y el respeto a la ley.
-El organismo que preside ha advertido de que una reforma de la Constitución debe realizarse como consecuencia de un diálogo sereno, con preguntas suficientemente reflexionadas, respondiendo a demandas existentes y problemas reconocidos, así como de manera limitada y prudente para no alterar el equilibrio constitucional. ¿Qué peligros se corren si no se siguen estos consejos?
-Que las cosas no salgan todo lo bien que deban salir, pero es un problema político y no puedo entrar en eso. Digamos solamente que son buenos consejos.
-En 2013 el organismo que preside dictaminó que la prisión permanente revisable era constitucional. Sin embargo, los partidos de la oposición están impulsando ahora su derogación en el Congreso por considerarla inconstitucional. Ponen en tela de juicio, por tanto, la labor de este organismo.
-El Consejo de Estado informa sobre algunos proyectos de ley, no es preceptivo, pero informa cuando le consulta el Gobierno y por supuesto cuando lo hace se preocupa de ver si puede hacer alguna observación en relación con un posible incumplimiento de la Constitución, si el Consejo advirtiera que hay riesgo de que algún precepto no tuviera el respaldo constitucional lo diría en sus dictámenes.
-¿Mantienen ustedes el mismo criterio?
-Mientras no se cambie, aquel criterio sigue siendo válido.
-¿Qué le diría a esos grupos que promueven la derogación de la prisión permanente revisable?
-Si alguien tiene alguna duda, que consulte lo que dijo en su momento el Consejo de Estado.
