Referéndum trampa

Apesar de las advertencias del TC, los políticos separatistas insisten en convocar un referéndum sobre la independencia en otoño de 2017, referéndum que será legal, sostienen, pues en todo caso pasará por el Parlamento de Cataluña. De este modo, al pasar por la Cámara catalana no sería preciso que respetara la legalidad española, pues precisamente se trata de una iniciativa destinada a romper no sólo esa legalidad sino la misma España.

Este es un planteamiento tramposo, pues es precisamente la legalidad española vigente la que permite a esos políticos estar en las instituciones y ejercer las competencias que el ordenamiento les atribuye. Constituye un insulto a la inteligencia que, detentando poder público en aplicación de una legalidad que desprecian, quieran usar ese poder sin respetar la legalidad al tiempo que nos tratan de convencer de que es un comportamiento ajustado a Derecho.

En todo caso, si la legalidad española no rige en Cataluña, ¿en virtud de qué pueden las instituciones autonómicas -conformadas por la Constitución y el Estatuto- reclamar a los ciudadanos que cumplan sus resoluciones?

Además, el referéndum no sólo vulnera la legalidad formal, sino que constituye un auténtico fraude político. Como muestran las experiencias de Escocia y el Quebec, si los separatistas pierden el referéndum lejos de considerar zanjada la cuestión presionan para celebrar otra consulta; ahora bien, en la hipótesis de conseguir un apoyo mayoritario a la secesión se daría paso a un proceso irreversible. No es preciso ser un experto jurista para apreciar que una propuesta que esconde una doble vara de medir -”si pierdo, repetimos; si gano, calla para siempre”- es contraria a cualquier intento de ordenar racionalmente la convivencia.

Más aún: un referéndum separatista es esencialmente injusto, pues en realidad enmascara la pretensión de conferir a los electores el derecho a declarar extranjeros en su tierra a parte de sus conciudadanos. De ahí que por mucho que adornen la propuesta con referencias a una nueva legalidad o presentándola como un imperativo de la democracia, en realidad consagra el desprecio al Derecho, sacrificando la justicia y la convivencia a la abstracción de un pueblo imaginado.

Ante este anuncio el Gobierno está obligado a actuar. Ante la amenaza de situar la Generalitat en la ilegalidad, e intentar imponer esa ilegalidad a quienes vivimos en Cataluña, corresponde al Gobierno defender a los catalanes de la arbitrariedad del poder recordando, una vez más, que España es garantía de justicia y libertad.