Maza niega que la Fiscalía esté al servicio del ministro de Justicia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha pronunciado este martes en Santander sobre las críticas que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) lanzaron ayer contra él, al calificar de «errático y deficiente» el plan del Ministerio de Justicia para acabar con el uso de papel en las fiscalías mediante la implantación de programas telemáticos. Ambos colectivos responsabilizaron a Maza de «poner los escasos recursos materiales del Ministerio Público al servicio de las decisiones políticas» del ministro Rafael Catalá.

«El tema es muy complicado, pero en absoluto nos estamos poniendo al servicio» del ministro, ha señalado antes de participar en un seminario sobre la presunción de inocencia organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

«Sí creemos que desde la Fiscalía lo mejor que se puede hacer es plantear los problemas con toda energía, pero con un espíritu constructivo. No sirve de nada intentar poner piedras para que no se avance en el camino de la digitalización», ha manifestado.

En este sentido, ha dicho que no va a permitir que los problemas técnicos de los que adolece la Fiscalía impidan que «se trabaje con unas herramientas que lo único que hacen es obstaculizar la función» del Ministerio Público.

En cuanto a la desaparición de los contratos originales que la mercantil Nuevo Arpegio -sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid- celebró con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos (DUSA), que podrían constituir una prueba de cargo del presunto enriquecimiento patrimonial que Francisco Granados habría obtenido en el marco de la operación Púnica, el fiscal general del Estado ha señalado que todavía no tiene «conocimiento ni información al respecto». «Aún no he podido leer ninguna noticia», ha manifestado.

Sí ha dicho que «cada uno es libre de presentar cualquier tipo de actuación ante los tribunales» en relación con la querella interpuesta el pasado junio por la asociación Contratrama contra Manuel Moix, anterior jefe de la Fiscalía Anticorrupción. En la misma se le acusa de la comisión de los delitos de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos por haber archivado «sin investigar» dos denuncias presentadas contra el expresidente regional Ignacio González. «Serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse», ha manifestado Maza.

El Fiscal general del Estado ha hecho estas declaraciones a escasas veinticuatro horas de que el nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, tome posesión de su cargo después de que el Consejo de Ministros aprobara su nombramiento el pasado viernes.