El Gobierno impedirá que la Generalitat asuma competencias de Asuntos Exteriores

Cuando Mariano Rajoy dijo, el domingo pasado, que no iba a dejar pasar ni una sola actuación contra la ley de los independentistas, sabía perfectamente lo que decía y lo está cumpliendo a rajatabla. Primero fue la toma de posesión de Carles Puigdemont, sin acatar la Constitución, como adelantó ABC, y ahora se vigilan muy de cerca las competencias que pretende asumir el Ejecutivo autonómico. En concreto, si da el paso de asumir la de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo actuará y lo llevará a los tribunales, previo paso por la Abogacía del Estado.

Fuentes del Gobierno han confirmado a ABC que el Ejecutivo está atento a cada decisión, cada paso y cada movimiento que se hace desde el Ejecutivo autonómico, y desde el Parlamento regional.

Todo pasa por Administraciones Públicas, de oficio, como ocurre con todas las actuaciones del resto de comunidades.

En este momento, está especialmente atento a las competencias de cada nueva consejería, que deben publicarse en el boletín oficial catalán. En cuanto se publiquen, si hay alguna que excede el ámbito propio autonómico, el Gobierno pedirá informe jurídico y, en su caso, recurrirá. En concreto, puede ocurrir con los Asuntos Exteriores que pretende asumir la Generalitat, aunque se trata de una competencia exclusiva del Estado, según la Constitución.

A la espera de que que se publiquen oficialmente esas competencias, el informe que pidió el Gobierno sobre la toma de posesión de Puigdemont aún no se ha cerrado, para incluirlo todo en el mismo documento.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ante cualquier actuación que se considere que puede vulnerar la Constitución y las leyes, se pedirá un informe jurídico. «Nosotros no vamos a dejar pasar una sola actuación contraria a la Constitución y a las leyes, como ya dijo el presidente del Gobierno. Por eso, se analizarán las competencias que se den a las consejerías», ha subrayado.

«Estaremos muy vigilantes», ha advertido la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy. Según ha explicado, no ha habido contactos entre el Ejecutivo de la Nación y el autonómico de Puigdemont. «Lo que le pedimos es que se ajuste a la legalidad, que no se perjudiquen los servicios públicos de los catalanes, y que se cumpla la Constitución y las leyes».