El diputado del PSOE imputado por prevaricar se acoge al aforamiento

El diputado del PSOE valenciano Vicente Arques, investigado por prevaricación continuada en la firma de convenios como alcalde de Alfaz del Pi (Alicante), ha esgrimido ante la juez su condición de parlamentario autonómico para esquivar la citación judicial. Tal como publicó ABC el pasado sábado, Arques tenía que comparecer el 17 de marzo en el juzgado de Instrucción 4 de Benidorm, para ser interrogado en calidad de investigado (imputado) por un presunto delito de prevaricación al renovar sistemáticamente la ayuda municipal a un albergue de animales con numerosas irregularidades en su gestión.

Sin embargo, el abogado de Arques ha registrado un escrito en el que advierte a la juez de la condición de diputado autonómico de su cliente, y pide dejar sin efecto su citación.

«Mi mandante ostenta la condición de aforado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», por lo que solo puede investigarlo «la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia». Así, «se solicita se deje sin efecto la comparecencia fijada para recibir declaración en calidad de investigado a mi mandante para el próximo 17 de marzo». De esta forma, el socialista evitará que la causa le afecte mientras la juez de Benidorm no la remita al Alto Tribunal valenciano.

El escrito de Arques se registró en el juzgado el viernes, solo 24 horas después de que Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaran un acuerdo en el que, entre otras medidas, se comprometían a acabar con el aforamiento de los políticos. Una iniciativa que, sobre el papel, persigue evitar precisamente el uso del aforamiento que está haciendo ahora el socialista valenciano para evitar una investigación judicial. Paradójicamente, Arques hace uso de la prerrogativa por la que su partido ha estado criticando a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (aforada en el Senado), a la que han llegado a acusar de «atrincherarse» en la Cámara Alta. Con el matiz de que la senadora popular aún no está investigada, y el diputado socialista sí.

A pesar de que hasta febrero no estaba imputado, los problemas judiciales de Arques ya le han costado al Ayuntamiento unos 60.000 euros. El alcalde ha perdido 17 contenciosos -doce de ellos ya son firmes, y contra los otros cinco aún puede recurrir- por denegar información al grupo municipal del PP. La cantidad se reparte entre las costas de las sentencias condenatorias y la iguala que el Consistorio paga a la asistencia letrada de Arques, a unos 1.300 euros al mes.