Varios inmigrantes de origen subsahariano encaramados a la valla de Melilla
Varios inmigrantes de origen subsahariano encaramados a la valla de Melilla - EFE

Cinco detenidos en Melilla por traficar con personas

Los arrestados, todos ellos de nacionalidad marroquí, cobraban a los inmigrantes entre 3.000 y 4.000 euros por pasar la frontera

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La Policía Nacional ha detenido en Melilla a cinco marroquíes, tres mujeres de edades comprendidas entre 22 y 40 años y dos hombres de 24 y 45, acusados de tráfico de personas captadas en Marruecos para su posterior introducción en España, que cobraban entre 3.000 y 4.000 euros por «pase».

Según ha informado este jueves un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, las investigaciones comenzaron en el mes de febrero, a partir de la detención de cuatro personas, dos en la Estación Marítima y las otras dos en el Aeropuerto, por falsedad documental.

Los agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Fronteras (GOF), destinados en los controles documentales de viajeros, detectaron a tres mujeres de edades comprendidas entre 22 y 40 años y un hombre de 24 que pretendían embarcar haciendo uso de documentaciones españolas y francesas falsificadas.

La citada fuente ha explicado que las investigaciones posteriores sobre el caso de los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF) de la Jefatura Superior revelaron la existencia de una organización delincuencial dedicada al tráfico de personas.

Como resultado de sus pesquisas, los policías identificaron a un hombre de 45 años, residente en Martorell, que se había encargado de captar a las víctimas en establecimientos hoteleros de las provincias de Marruecos de Nador, Oujda y Taourirt.

De este modo, el pasado miércoles los agentes de la UCRIF localizaron en Melilla a este individuo, procediendo a su detención y verificando que esta persona había sido investigada y detenida en 2012 por su participación en idénticas actividades delictivas.

En este sentido, los policías de la UCRIF han podido determinar que el beneficio obtenido por la organización por cada inmigrante introducido ilegalmente en España oscilaba entre 3.000 y 4.000 euros.