El caso Pompeya, más de 60 imputados por trata y blanqueo

Los gestores de los prostíbulos más populares de España fueron detenidos el 29 de junio del año pasado por blanquear el dinero que amasaron en sus locales. La Policía Nacional, en una macrooperación contra los movimientos financieros de estos negocios, detuvo a 66 personas e incautó 1,5 millones de euros en los registros practicados en los burdeles, repartidos por ciudades de toda España.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Fernando Andreu, destapó una trama que logró ocultar unos 450 millones de euros de beneficios de la prostitución. El magistrado estrecha el cerco sobre más de 60 investigados (la nueva figura para definir al imputado), entre personas físicas y jurídicas, según han informado fuentes jurídicas.

El foco de la causa, conocida como el caso Pompeya, se centra en los delitos de blanqueo de capitales, trata de seres humanos, prostitución y tráfico ilegal de personas. Los prostíbulos contaban con unas sociedades específicas para dejar de pagar los impuestos debidos por los servicios de las prostitutas, que camuflaban en conceptos como el alquiler de habitaciones o las consumiciones de copas, que no tributaban. La compleja investigación se divide en una pieza principal, seis piezas separadas, diversas subpiezas (sobre bancos, vehículos, requerimientos e inmuebles) y quince piezas sobre la situación personal de los imputados.

De los investigados, seis de ellos fueron encarcelados cuando tuvo lugar la macrooperación, aunque ninguno continúa ya en prisión. Estos seis y otros imputados están obligados a comparecer en el juzgado y les han retirado el pasaporte, como medidas para evitar que se fuguen, según informaron las citadas fuentes.

Ahora, la investigación está pendiente de diligencias que permitan avanzar, mientras la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía analizan la numerosa documentación incautada. En total, los agentes llevaron a cabo unos veinte registros en clubes de alterne de Madrid, Alicante, Murcia, Gerona, San Sebastián y Navarra.

Al servicio de los proxenetas

Los informes policiales revelan que nada más ser desarticulada esta organización criminal, el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela -hijo del magistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero- puso una sociedad suya, dedicada a actividades de arquitectura e interiorismo, al servicio de los proxenetas detenidos. Conde-Pumpido Junior es el letrado que defiende a Ángel Crispín Gilaranz Velasco, el supuesto líder de la trama criminal.

A través de dicha firma, entre julio y agosto de 2015, Conde-Pumpido Varela blanqueó 1,1 millones de euros, capitales procedentes de la prostitución. Los terminales de punto de venta (TPV) del conocido prostíbulo Vive Madrid, en la calle Marqués de Viana, iban a favor de una cuenta bancaria de esta empresa. Así, cuando un cliente del local de alterne pagaba con tarjeta de crédito a través de los seis datáfonos del local, el dinero terminaba en la sociedad de Conde-Pumpido.

El abogado, investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional, aún no ha sido llamado a declarar. Fuentes de la investigación colocan a esta sociedad dentro del «entramado criminal» que trataba de ocultar los cobros de los burdeles a la Policía.