Mas firmará un decreto «inatacable» para las terceras elecciones en cinco años

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se verá obligado hoy a ceñirse de manera estricta a la ley orgánica del Régimen Electoral General para firmar el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, las terceras de estas características en solo cinco años. No se esperan sorpresas en un decreto que será «inatacable desde el punto de vista jurídico», en palabras del propio Mas. Una nueva paradoja –ceñirse a la ley para luego tratar de violentarla– en una Cataluña que afronta, tres años después de haber iniciado lo que se ha conocido como «proceso soberanista», semanas ahora sí decisivas.

Así, en menos de dos meses se conocerá el grado real de adhesión al proyecto rupturista de CDC, ERC y la CUP, en unos comicios que el independentismo, aparentemente cohesionado y bajo el paraguas de una lista única, vende como plebiscitarios, algo imposible desde el punto de vista legal.

El resto de partidos no secesionistas afronta las elecciones sin haber cuajado una estrategia común –ni para antes ni para después de los comicios–, en un abanico que va desde la defensa del modelo autonómico que propugna el PP, al federalismo del PSC, el confederalismo de Unió o el reformismo aún sin concreción de Ciudadanos.

Los «más importantes»

Más allá de modelos, en realidad, el debate de fondo ha sido el de cómo afrontar los comicios: asumir el reto del soberanismo, llevando el debate a la cuestión «nacional» y aceptando en parte jugar el partido del plebiscito, o ignorar ese envite y plantear los comicios con aparente normalidad, aún a riesgo de desmovilizar a un electorado no catalanista que tradicionalmente ha sido abstencionista en los comicios autonómicos.

Aunque han tardado, partidos como el PP han asumido que las elecciones, no siendo plebiscitarias, tampoco pueden considerarse ordinarias. El candidato del PP, Xavier García Albiol, ha subrayado que son las elecciones más importantes de la democracia.

En buena medida, el resultado del 27-S vendrá marcado por el número de votos y diputados que logre «Juntos por el Sí» –la lista de confluencia entre CDC, ERC y las entidades soberanistas–. Un resultado, previsible por otra parte, por debajo de los 71 diputados que suman ahora, debería leerse como un «fracaso», según aseguraba ayer mismo el candidato del PSC, Miquel Iceta. El «fracaso», sin embargo, no serviría para impedir que el «proceso» siguiese adelante si los diputados de la lista única sumasen mayoría junto a los de la CUP, suficiente para seguir intentando una ruptura a la que se pone un plazo de meses.

El panorama, sin embargo, es mucho más complejo, de entrada porque se desconoce qué papel adoptarán los diputados de «Cataluña, sí se puede» –Podemos e ICV– divididos por lo que respecta la cuestión independentista pero rotundamente a favor del «derecho a decidir», como sucede en UDC.

Decisiva será también en las próximas semanas el papel de la movilización popular, con una Diada del 11 de septiembre que coincide con el inicio de la campaña electoral. Las entidades soberanistas convocan de nuevo una manifestación que los partidos constitucionalistas entienden que es incompatible, por lo que supondría de inaceptable presión, con el transcurso normal de una campaña. La Junta Electoral tendrá la última palabra, como ya la tuvo en la campaña municipal, cuando prohibió las banderas independentistas en los edificios públicos, al considerar que son «incompatibles con la obligación de neutralidad de los poderes públicos».

La respuesta del Gobierno

El Gobierno de Rajoy vigilará el estricto cumplimiento de la ley en todo el proceso, desde la letra pequeña del decreto de convocatoria hasta el transcurso de la campaña electoral y la misma jornada electoral. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que serán elecciones «autonómicas y no plebiscitarias». En el caso de que la Generalitat tratara de darles ese carácter en su convocatoria, el Gobierno de la Nación lo impugnaría de manera inmediata ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo cuando se convocó el referéndum del 9-N o cuando se aprobó una declaración soberanista en el Parlamento autonómico.

El Ejecutivo confía en que se convoquen elecciones ordinarias y legales. Pero el Ministerio de Justicia tiene preparado un plan para bloquear cualquier intento de avanzar en un proceso por la independencia: habrá impugnaciones, procesos penales si se producen desobediencia y prevaricación, y desde luego no se descarta la aplicación del artículo 155 (suspensión de la autonomía en la práctica), para un caso extremo de desobediciencia, según han explicado fuentes del Gobierno en reiteradas ocaciones.