Manuela Carmena, una juez con sus propias leyes

Se licenció en Derecho en 1965, y ese mismo año ingresó en el Partido Comunista de España. En la judicatura no lo haría hasta 1981, cuando aprobó las oposiciones con 36 años tras dedicar los quince anteriores al ejercicio de la abogacía. Cofundadora del despacho laboralista de Atocha en el que en 1977 fueron asesinadas cinco personas, Manuela Carmena siempre pensó, y así lo transmitía a su entorno más cercano, que la mejor forma de hacer justicia era desde dentro. De ahí que empleara el resto de su vida laboral hasta su jubilación a la judicatura, si bien bajo una óptica peculiar: la de una conciencia mesiánica en la que el fin justifica los medios. Si las normas impiden alcanzar ese fin, ¿para qué utilizarlas?

Y es que la candidata a alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid ha sido una juez atípica, según reconocen los que hasta hace un lustro eran sus compañeros. Un perfil perfecto para obras sociales, para una ONG e incluso para la institución como el Defensor del Pueblo, pero «nefasto» para un consistorio que cuenta con un presupuesto de más de 4.000 millones de euros. La aprecian y consideran una persona honrada, pero con la misma sinceridad reconocen que «no va a saber gestionarlo». «Es un peligro porque vive en un mundo utópico en el que ella es juez, parte y legislador. Es ella la que decide lo que está bien y lo que está mal», dicen. Recuerdan la época en la que fue juez decana de Madrid, en la década de los noventa, cuando dio a distintas asociaciones centenares de pantalones vaqueros que habían sido requisados como piezas de convicción por su supuesta venta ilegal. «Los empresarios fueron absueltos y no se les pudieron devolver las prendas», recuerdan quienes vivieron este episodio, «así que reclamaron una indemnización al Estado de seis millones de pesetas (36.000 euros).

Quizá por ello, por lo que se aventura como un desastre de gestión, ya hace cinco años recibió el portazo del órgano de gobierno de los jueces cuando presentó su candidatura a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). «Sus ideas no se podían llevar a la práctica», sentencia un exvocal del Consejo que en aquel momento apoyó la reelección de Francisco Vieira para ese puesto. La decisión del CGPJ le quitó las ganas de seguir dictando sentencias, por lo que no tardó en jubilarse y en aceptar después el ofrecimiento de Patxi López para asesorar al Gobierno vasco sobre atención a las víctimas de abusos policiales.

Que con 70 años, y tras pasar los cinco últimos dedicada a su tienda de ropa y a montar en bici por Malasaña, haya decidido ayudar a Podemos a captar a un electorado que hasta ahora se le resistía no ha sorprendido en el que fue su entorno profesional. Basta hacer un repaso a su currículo para darse cuenta de que Carmena ha sido siempre una persona inquieta: desde 1981 ha pasado por los juzgados de Palma, El Escorial, Bilbao y Madrid. Y coincidiendo con su primera etapa en este último destino (1996) fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de IU.

Pero sin duda es su paso por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria el que ha dejado más huella. Nada extraño si se tiene en cuenta que Carmena no es partidaria de que haya tantos presos en las cárceles. En un contexto en el que el terrorismo golpeaba con toda su crudeza, la candidata a alcalde tomó algunas de sus decisiones más polémicas con presos de ETA y Grapo.

En febrero de 1990 rechazó la alimentación forzosa de presos de los Grapo que llevaban a cabo una huelga de hambre parta forzar a su reagrupación. La Audiencia Nacional desautorizó a la juez, tras el correspondiente recurso de la Fiscalía, y avaló el criterio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que defendía como prioridad velar por la vida de los reclusos.

En diciembre de 1992 la juez Carmena acordó la libertad condicional del etarra Manuel Azkárate por padecer una enfermedad esofágica que ya sufría cuando cometía atentados. Semanas después el terrorista comparecía en una rueda de prensa para proclamar que no se arrepentía de sus crímenes. Incluso reconoció que se le había ofrecido acogerse a las medidas de reinserción y que lo había rechazado.