Imputados los consejeros madrileños Lucía Figar y Salvador Victoria por el caso Púnica

El juez Eloy Velasco ha citado a declarar como imputados a los consejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar por su relación con la operación Púnica, el caso que llevó a la cárcel al ex número dos del PP de Madrid, Francisco Granados. El magistrado también ha citado al consejero de Murcia Juan Carlos Ruiz y a los diputados regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno.

Figar, que suena como posible sustituta del ministro José Ignacio Wert en una posible remodelación del Gobierno, deberá acudir a la Audiencia Nacional el 26 de junio. Salvador Victoria, portavoz del Gobierno regional presidido por Ignacio González y consejero de Presidencia y Justicia, deberá declarar el mismo día que Figar.

Asimismo, el magistrado ha citado para el 11 de junio a Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid) y diputado autonómico en la Asamblea madrileña; para el 18 a José Miguel Moreno, diputado regional de Madrid y exalcalde de Valdemoro; para el 22 a Juan Carlos Ruiz, consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia.

Todos ellos no se han presentado a las últimas elecciones autonómicas y, por lo tanto, perderán el fuero en el momento de la constitución de los nuevos Parlamentos regionales. En cualquier caso, si llegada la fecha de la declaración y los aforados siguen ostentando esta condición, el magistrado pospondría su citación.

El Gobierno regional negó el pasado enero «categóricamente» que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al «seguimiento de informaciones "online" y servicios de clipping» de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones».

El caso Púnica investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos. Esta operación provocó decenas de detenciónes, entre ellas la de Francisco Granados, ex número dos del PP de Madrid, y de varios alcaldes de municipios madrileños.

Granados y el empresario David Marjaliza se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una «organización criminal».

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores —los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca—, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales.