Ciudadanos propone dar a los ayuntamientos el 15% del IRPF y el 2% del IVA

Tras la presentación de sus ejes en materia económica, Ciudadanos ha celebrado este sábado una convención municipal con candidatos. Durante su discurso de apertura, el presidente del partido, Albert Rivera, ha pedido compromiso a sus candidatos. Algo así como un llamamiento a que sean conscientes de que, con las encuestas en la mano, van a asumir responsabilidades como para ser decisivos. Ha pedido a sus candidatos que no fallen a los principios del partido, y ha insistido en que Ciudadanos solo estará en los gobiernos "si gana las elecciones".

En el plano más programático, el secretario de Acción Política, Antonio Espinosa, ha trasladado a los candidatos algunas de las líneas básicas del programa. Aunque muchas de ellas son de competencia estatal.

Espinosa ha puesto encima de la mesa un nuevo modelo de financiación para la distribución de los ingresos derivados del IRPF. El 15% se destinaría a los ayuntamientos, mientras que un 42,5 % se destinará a las Comunidades Autónomas. Otro 42,5% se quedaría en las arcas de la Administración central. Además, de la recaudación por IVA el 2% iría a los ayuntamientos.

Además se han comprometido a que bajarán el IBI en aquellos municipios donde más ha subido en los últimos años. Aunque Espinosa ha reconocido posteriormente a este diario que la situación financiera de muchos ayuntamientos no lo hará posible, sí se ha comprometido a cómo mínimo congelarlo.

Fusión de municipios

El programa ha detallado el ahorro de algunas medidas ya anunciadas. Así, estiman que la supresión de las diputaciones provinciales ahorrará 5.000 millones de euros. La fusión de los municipios de menos de 5.000 habitantes permitiría liberar recursos por 10.000 millones de euros. Por último, la supresión de los consejos comarcales ahorraría en Cataluña 560 millones de euros, y en toda España en torno a 1.000 millones.

Además, Espinosa ha confirmado algunas cuestiones sobre el modelo de dación en pago que propone el partido, y que se incorpora en su Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de un modelo en el que al devolver la vivienda no se cancela la totalidad de la deuda. Ni para bien ni para mal. Espinosa ha explicado que si lo ya abonado supera el valor de mercado del inmueble porque el piso se ha devaluado, esta persona podría llegar a recibir dinero. Por contra, en caso de que quede una cantidad por cumplir, se diferencian dos casos. En primer lugar las personas que tengan recursos pero que acojan a este mecanismo porque tengan otros inmuebles. En este caso sí abonarán la diferencia. En el caso de personas sin recursos, un juez podrá declararlas insolventes y decretar la cancelación de la deuda.

Por último, propusieron la creación de un fondo de alquiler social con las viviendas desahuciadas. El precio de estos alquileres sociales no podrá superar el 30% de los ingresos de la familia.

Además, se creará un fondo destinado también al alquiler social. Para incentivar que los dueños aporten sus inmuebles a ese fondo, se les aplicará una bonificación del 95% en el IBI.