Hacienda vio indicios en 2013 de blanqueo de capitales de Rato en el extranjero

Rodrigo Rato presentó en 2013 una declaración tributaria sobre bienes y derechos en el extranjero, el modelo 720, para cumplir con la nueva normativa de la Agencia Tributaria. Se trata de una declaración informativa, no tributaria, en la que el contribuyente comunica a Hacienda todos los bienes (cuentas, inmuebles, participaciones...) a su nombre o al de sus empresas que estén depositados en el extranjero.

El modelo 720 no tiene nada que ver con la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno en 2012, mediante la cual el contribuyente regularizaba capitales ocultos pagando un diez por ciento. El exministro de Economía y exvicepresidente del Gobierno también se había acogido a esta medida, pero, según apuntó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la investigación está más vinculada a la declaración informativa de bienes fuera de España que a la regularización fiscal

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Según fuentes consultadas por ABC, Rodrigo Rato, detenido durante unas horas el pasado jueves por los supuestos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento, reconoció bienes en el extranjero en abril de 2013. Pertenecerían a un entramado familiar. Técnicos de Hacienda, como marca el procedimiento, examinaron el modelo 720 presentado y comprobaron que había indicios de blanqueo de capitales y otros delitos económicos.

Más de un año

La investigación se prolongó durante más de un año, hasta esta semana, cuando la Agencia Tributaria decidió acudir a la Fiscalía de Madrid para solicitar el registro de la vivienda del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. La publicación de que Rodrigo Rato se había acogido a la amnistía fiscal precipitó los acontecimientos.

Cristóbal Montoro firmó la orden que obliga a todos los contribuyentes a declarar los bienes en el extranjero el 30 de enero de 2013. No hacerlo está castigado con una sanción de hasta el 150 por ciento de los bienes descubiertos en el extranjero (el contribuyente lo pierde todo y paga otro 50 por ciento) y, además, una multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos no declarado.

El modelo 720 no supone recaudación de forma directa, al ser sólo informativo, pero está sumistrando a la Agencia Tributaria información muy valiosa para procedimientos inspectores como el de Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno formaría parte de una lista de algo más de 7.000 contribuyentes en cuyos modelos 720 cumplimentados hay indicios de delitos fiscales. Además, Rato también está en la lista de 700 contribuyentes que antes se habían acogido a la amnistía fiscal. Ambas declaraciones, una vez cruzadas, valen su precio en oro. Los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal no pueden ser perseguidos por delito fiscal en las cantidades regularizadas, pero sí por otros delitos como el blanqueo, si se acredita un origen criminal de los fondos aflorados. Ahí estaba la estrategia de Hacienda: la amnistía fiscal era el «caramelo», en el que picaron otros contribuyentes además de Rato y que también están siendo investigados por Hacienda, según informaron fuentes fiscales.

Mientras tanto, la investigación continuó este viernes cercando a Rato. Agentes de la Agencia Tributaria vigilaron su despacho -en el número 50 de la calle Castelló, en el Barrio de Salamanca (Madrid)- durante toda la noche, después de que el inmueble fuera registrado en la tarde del jueves. La inspección se retomó a primera hora de la mañana de ayer y a las doce menos cinco apareció Rato, que se trasladó en coche desde su domicilio. El exministro de Economía llegó mucho más relajado que cuando abandonó el lugar, justo dos horas después. En ambos momentos, algunos ciudadanos le increparon con insultos, mientras los periodistas trataban de sacarle alguna declaración.

Minutos después diversos agentes de Aduanas abandonaron el despacho con una maleta, una mochila, varias carpetas y algunos ordenadores bajo el brazo. Este material se une a las cajas de documentación que ya requisaron el jueves. Fuentes de la investigación explican que no se descarta un registro de la finca El Molino, que el exministro tiene en la localidad madrileña de Carabaña.

Además, el juez Enrique de la Hoz, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, ordenó ayer el bloqueo de todas las cuentas, depósitos, fondos de inversión y cualquier otro producto financiero del que sea titular el expresidente de Bankia. Según fuentes financieras, el magistrado envió esta orden a la Asociación Española de Banca, a la Condeferación Española de Cajas de Ahorros y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito. Seguido, el caso pasó al juez del 31, Antonio Serrano-Arnal, ya que el 35 lo había asumido en funciones de guardia.

Esta investigación se une a las diligencias abiertas por la Justicia contra el exvicepresidente del Gobierno, que está imputado por diversos delitos societarios en el caso que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia -en la que los peritos judiciales han señalado que Rato gestionó la entidad con una valoración muy laxa de los riesgos que tomaba- y en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. En ambos procesos, Rato podría afrontar el pago de importantes indemnizaciones.

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