Los informes sobre el «método ERE» que no leyeron Chaves y Griñán

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han establecido un cortafuegos para alejar el fraude de los ERE del núcleo de sus responsabilidades penales y políticas. Su defensa judicial en sus declaraciones como imputados ante el juez instructor del Tribunal Supremo gira en torno a una premisa mayor de la cual pende todo su argumentario: nunca conocieron las irregularidades porque ni conocieron ni leyeron los sucesivos informes que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, remitió a varios miembros del Gobierno andaluz en los que cuestionaba el mecanismo de pago de las ayudas. La juez instructora Mercedes Alaya sostiene que el uso de las transferencias de financiación permitió el reparto arbitrario de 855 millones de euros entre personas próximas a la Junta y al PSOE durante doce años.

En la cúspide del fraude sitúa a la cúpula de la Junta entre 2000 y 2011.

El jefe del órgano fiscalizador considera «inverosímil» que especialmente Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, no estuviera al tanto de estas advertencias. Manos Limpias ha solicitado la comparecencia de Gómez en el Supremo para «desmontar las falsas declaraciones en sede judicial de José Antonio Viera, Chaves y Griñán». El instructor Alberto Jorge Barreiro lo estudiará y tendrá la última palabra, informaron desde el Tribunal.

ABC recupera del sumario del caso los decisivos informes que nadie quiso ver y que pudieron haber frenado las irregularidades en el caso de que alguno de sus destinatarios los hubiesen leído con suficiente atención.

¿De qué alertaba el interventor en sus informes?

El órgano fiscalizador comunicó a Griñán y a otros miembros del Gobierno de Manuel Chaves que se había diseñado un procedimiento de gestión de los ERE que entrañaba graves riesgos al escapar a los controles a los que están sometidos los gastos realizados por las consejerías. Empleo utilizó a una agencia externa, IDEA (antiguo IFA), para canalizar los pagos de las ayudas.

¿Cuántas veces advirtió de las irregularidades?

La Intervención General de la JUnta de Andalucía emitió cada año tres auditorías sobre la agencia pagadora de los ERE. Al menos en quince ocasiones, con ocasión de diferentes informes, apreció irregularidades en los convenios firmados por la CO)nsejería de Empleo e IDEA para pagar ayudas.

¿Quiénes recibieron los informes?

Cada documento iba encabezado con un oficio que rezaba «para que se dé traslado al consejero de Economía». Los recibieron también los consejeros de Empleo y de Innovación, así como el director de IDEA.

¿Qué decían los informes?

El auditor detectó hasta cuatro tipos de irregularidades. En primer lugar, señaló que Empleo estaba haciendo un uso inadecuado de las transferencias de financiación. La Consejería de Hacienda no enmendó este error hasta 2014. En segundo lugar, avisa de que la tramitación de las subvenciones vulneraba las normas presupuestarias y comportaba que los expedientes de las ayudas no se fiscalizaran por un interventor. En tercer lugar, alertó de que la concesión de ayudas por prescindía «de forma total y absoluta del procedimiento establecido». Es decir, la Junta no realizaba una convocatoria pública de ayudas, lo que provocó que las empresas de una única comarca, la Sierra Norte de Sevilla, recibieran 56,4 millones de euros en subvenciones directas frente a los 29 repartidos en el resto de Andalucía. Las irregularidades llegaron a ser tan graves que en una auditoría notificada a Griñán en 2005, el interventor avisó de que todas las subvenciones podían ser nulas de pleno derecho. Por último, el talante rumboso del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero al repartir dinero ponía en peligro la estabilidad presupuestaria de la Junta. Griñán actuó ampliando hasta en siete ocasiones la partida de los ERE.