El juez Ruz sienta en el banquillo a 40 personas por la primera parte de Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sentado en el banquillo de los acusados a 40 personas por las actividades de la trama de corrupción Gürtel que se desarrollaron entre 1999 y 2005, entre ellos los tres extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. En el auto, el juez también abre juicio oral contra la exministra de Sanidad Ana Mato y el Partido Popular como partícipes a título lucrativo.

El magistrado, que con esta resolución envía a juicio la primera parte de la investigación, conocida como «primera época», ha fijado fianzas por 449 millones de euros para 36 de los acusados en concepto de multas y responsabilidad civil. La más alta de todas ellas la tendrá que abonar Bárcenas, quien deberá pagar 88 millones.

El objetivo de las fianzas es asegurar la posible responsabilidad pecuniaria que pueda fijarse en el juicio. Bárcenas se enfrenta a una pena de 42 años de cárcel, solicitada por el fiscal.

El Partido Popular tendrá que depositar una fianza 245.492 euros porque el juez considera que la formación política pudo lucrarse de los delitos de la trama de corrupción. Por la misma razón, la exministra de Sanidad Ana Mato deberá pagar 28.467,53 euros y Gema Matamoros, la esposa de Guillermo Ortega, el exalcalde de Majadahonda, tendrá que abonar 45.066 euros.

Entre los 40 implicados también se encuentran los supuestos cabecillas de la red de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitó una pena de 125 años de prisión para Correa, quien lideró la red que se dedicó a obtener adjudicaciones públicas de forma irregular a cambio de pagos a autoridades con capacidad de influencia. Para Correa la fianza es de 60 millones y para Crespo, de 49.

Los acusados de esta parte de Gürtel se enfrentan a los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental , delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Ruz ha dictado esta resolución después de que la Sala de lo Penal rechazara casi la totalidad de los recursos planteados por los acusados contra su procesamiento, después de considera que existen «nítidos» indicios de criminalidad contra ellos.