Hemiciclo del Congreso de los Diputados
Hemiciclo del Congreso de los Diputados - Jaime García

Así será el portal de la transparencia del Congreso

La Cámara Baja hará públicos sus bienes, incluidos los coches oficiales, los presupuestos al detalle, los contratos y los viajes de los diputados

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El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes las normas para la aplicación de la Ley de Transparencia, que ya lleva en vigor más de un mes, así como los contenidos que tendrá el nuevo portal de transparencia entre los que destacan los bienes de la Cámara, incluidos sus coches oficiales, los presupuestos al detalle, los contratos menores y convenios suscritos por la institución y las retribuciones de los altos funcionarios que prestan sus servicios en la sede de la soberanía nacional.

Ejecución presupuestaria

El borrador de los servicios jurídicos que va a servir de base para dotar de contenido al nuevo portal plantea que al régimen económico y social de los diputados y los concursos que convoca el Congreso que ya se pueden consultar en www.congreso.es, se sumen varias novedades con información económica, presupuestaria y contractual, según informa Ep.

Por ejemplo, se darán a conocer de forma detallada los Presupuestos de la Cámara y su ejecución presupuestaria, tanto de 2014 como de 2015 (actualmente sólo se tiene acceso a un informe sobre el cumplimiento de las cuentas de 2012 y 2013).

Concursos y contratos

Respecto a los contratos que adjudica el Congreso para la adquisición de distintos servicios además de los pliegos de los concursos y el valor de la licitación, que ya son públicos, la intención es informar de la planificación contractual general de la Cámara, de los convenios futuros y que ya están en vigor, y ofrecer también una relación de los denominados contratos menores (obras de menos de 50.000 euros o servicios por debajo de 18.000 euros).

Bienes y patrimonio

La propuesta de los servicios jurídicos incluye, asimismo, la publicación de los bienes inmuebles, muebles y de los derechos de la Cámara, destacando, dentro de estos últimos el patrimonio histórico-artístico, el bibliográfico y documental y los elementos de transporte.

Datos sobre los viajes

También se recogerán datos sobre los viajes de sus señorías, conforme al acuerdo alcanzado por los grupos el pasado mes de diciembre, y sobre la documentación complementaria de las iniciativas legislativas. Igualmente, habrá mayor información sobre las funciones del Congreso, un organigrama detallado de la administración parlamentaria y el régimen económico y de incompatibilidades del personal de la Cámara.

Consultas de los ciudadanos

El futuro Portal de la Transparencia, cuyos contenidos serán supervisados por la Mesa del Congreso, se encargará de la denominada «publicidad activa» de la institución, pero los ciudadanos también podrán dirigirse a la Cámara para hacer consultas específicas. Eso sí, el informe ya avisa de que serán inadmitidas las peticiones que incluyan «expresiones indecorosas contra personas o instituciones, así como meros juicios de valor u opiniones».

Plazo de un mes para responder

El Congreso tendrá un mes de plazo para responder a los ciudadanos si concede o deniega la información solicitada que podrá ampliarse a dos meses si ésta es muy extensa o compleja. Si no se recibe contestación en el plazo máximo fijado, el solicitante habrá de entender que su petición ha sido desestimada.

Acceso gratuito a la información

El acceso a la información será gratuito, si bien «la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones», según consta en el informe, abriendo la puerta a pagos en casos concretos.

La seguridad nacional, límite

El documento también detalla, siguiendo el esquema fijado en la propia Ley de Transparencia, que el derecho de acceso a la información sobre la actividad de la Cámara podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, o la protección del medio ambiente.

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