Los esfuerzos dispares de transparencia en cada autonomía: un mar de datos aún por rellenar

El portal de la transparencia del Gobierno central

Del Portal de la Transparencia lanzado por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy no solo pueden extraerse comparativas como el sueldo de los altos cargos. Cierto es que resulta lo más llamativo y lo que más ha dado que hablar tras su apertura. Que el presidente del Gobierno cobra menos que su director de gabinete y otros casi 300 altos cargos o un 45% menos que el jefe de filas de la Generalitat, Artur Mas, son datos que se prestan al chascarrillo fácil y a la conversación de oficina. No obstante, el ejercicio de poner un poco de luz a las subvenciones y ayudas que reciben los partidos políticos y otras entidades no es baladí, aunque según diferentes expertos se trata de una labor loable y mejorable desde la óptica más pragmática. Faltan datos, dicen, o lo que es lo mismo, el intento ímprobo auspiciado por la Administración central dista todavía de la transparencia total. Es algo tránslucido de momento. Si se trata del primer paso para caminar hacia una menor opacidad, entonces es valorado desde todos los frentes, sobre todo por el ciudadano. La finalidad no es otra que la de que la población tenga acceso electrónica o digitalmente a un conjunto de datos de cada uno de los organismos públicos españoles, así que la querencia por aumentar este conocimiento generalizado es bienvenida por los mismos analistas. La última fase de alimentación de datos al portal debería servir para completar una magna y sintética radiografía del conjunto de las instituciones públicas de la Administración estatal.

Para hallar datos similares en la escala autonómica, algunas Comunidades habían tomado la delantera en esta fórmula que pone a disposición del internauta -en el caso del Portal de la Transparencia- más de medio millón de datos que antes se ignoraban o, al menos, no se encontraban a un golpe de ratón en el ordenador. Otras regiones fueron incrementando su transparencia a la orden de la ley estatal de 2013 de ir adaptando sus normativas autonómicas. Según la evaluación que año tras año elabora el organismo Transparencia Internacional en España (el llamado índice Incau), Castilla y León, Cataluña y el País Vasco son las regiones más transparentes de España y en el lado opuesto del cristal se encontrarían Madrid, Murcia y Canarias.En un repaso por España, las delegaciones de ABC dan cuenta de esas intentonas, proyectos o normativas expeditivas que tienen por finalidad la de poner números a hechos que antes parecían ocultos. Lo hacen Roberto Pérez, en Aragón, José Luis Jiménez, en Galicia, María Pilar Hernández Mejía, en Castilla-La Mancha, Sonia Barrado, en La Rioja, José María Ayala, en Castilla y León, Stella Benot, en Andalucía, María Jesús Cañizares, en Cataluña, Alberto Caparrós, en la Comunidad Valenciana, Pablo Ojer, en Navarra, Adrián Delgado, en la Comunidad de Madrid, Itziar Reyero, en el País Vasco, Moisés Álvarez, en Canarias, Pere Antoni Bernat, en Baleares, y David M. Moreno, en Murcia.

Aragón ultima su primera Ley de Transparencia

El Gobierno aragonés puso en marcha hace casi dos años su «Portal de Transparencia» en internet, una web a través de la que cualquier ciudadano puede acceder libremente a datos tales como contratos públicos, subvenciones concedidas por la Administración autonómica, el inventario de entes vinculados al Gobierno regional o los presupuestos de la Comunidad.

Además, en estos momentos se tramita en las Cortes de Aragón la Ley autonómica de Transparencia, inexistente hasta ahora. El proyecto de ley fue aprobado por el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi el 24 de junio de este año y remitida al Parlamento regional con el objetivo de que esté aprobada y entre en vigor en los próximos meses, antes de que acabe la legislatura con las elecciones autonómicas de mayo.

La ley aragonesa de Transparencia, tal y como ha llegado a las Cortes para su tramitación, obliga a publicar los datos sobre sueldos y actividades de cargos políticos, así como información detallada de fondos públicos gestionados tanto por la Administración como por entidades externas. Esta ley obligará tanto al Gobierno de Aragón como a las administraciones locales de la Comunidad: ayuntamientos, diputaciones provinciales y gobiernos comarcales. También deberán rendir cuentas públicamente —en tanto que perceptores de ayudas y subvenciones de la Administración— los sindicatos, las organizaciones empresariales, los partidos políticos, las empresas públicas, fundaciones y entes. Incluso deberán rendir cuentas las empresas y organizaciones privadas si perciben en un año más de 50.000 euros de subvención o, aunque no lleguen a esa cifra, si las ayudas recibidas suponen más del 40% de sus ingresos anuales.

Más de 80.000 euros para la presidenta

Respecto a los sueldos de cargos políticos, en Aragón hace tiempo que son públicos. En el caso de la Presidencia del Gobierno regional y de sus consejeros, las retribuciones se publican anualmente en cada ley de presupuestos autonómicos. El sueldo de la presidenta Rudi asciende a 80.974,92 euros, y a 64.607,40 el de sus consejeros. El sueldo de los directores generales ronda los 35.000 euros al año. No se publican, sin embargo, las retribuciones de los directivos de empresas públicas.

Las Cortes de Aragón también hace varios años que hicieron públicas las retribuciones de sus parlamentarios, uno a uno, así como las subvenciones que anualmente percibe cada partido político con representación en el Parlamento regional.

Ningún cargo público autonómico cobra más que Feijóo

La condición de Galicia de pionera en la transparencia de la gestión pública la concede la hemeroteca. En 2006, el entonces bipartito formado por PSOE y BNG aprobaba la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas, la primera en España y que reciclaba algunas disposiciones dispersas de la época de Manuel Fraga. En la norma se contemplaba dar publicidad a través de las webs oficiales a los sueldos del presidente de la Xunta, los conselleiros (o consejeros autonómicos), altos cargos y puestos de confianza de la Administración regional. Además, se incorporaba la posibilidad de conocer por el mismo canal procedimientos administrativos como adjudicaciones públicas, convenios de colaboración e incluso normas legales en elaboración.

Tras el cambio de gobierno, el PP implementaba en 2011 la normativa autonómica con un Decreto que establecía que ningún cargo pudiera superar la retribución del presidente de la Xunta, una anomalía que se venía produciendo reiteradamente en las empresas de la denominada «administración paralela». Cuestión aparte son los cargos de otras administraciones como la estatal con sede en Galicia, que en ocasiones sí superan la retribución de Alberto Núñez Feijóo. La Xunta admite su falta de competencia para modular esos desequilibrios, que en menor medida se producen en los municipios, toda vez que la reciente Reforma Local acotó los márgenes salariales de alcaldes y concejales.

En la Ley 1/2012 de Medidas Temporales del Empleo Público se suprimía el «plus» de altos cargos, aprobado durante la etapa del bipartito. Y ese mismo año, la Ley 9/2012 trazaba incompatibilidades a los expresidentes de la Xunta, que no podrían cobrar la prestación pública derivada de su cargo si percibieran otros ingresos.

El Gobierno gallego publicó en febrero de 2013 íntegramente la declaración de renta y patrimonio de todos sus integrantes, algo que se instauró por ley para cada comienzo y final de legislatura. Apenas un mes después lo emulaban los parlamentarios autonómicos, que también transparentaban sus bienes a través del acuerdo entre los partidos políticos.

En septiembre de este año, la Xunta aprobaba su código ético, en el que restringe aún más las limitaciones para aceptar regalos de cortesía y protocolarios no ya de cargos públicos, sino también de funcionarios. También se prohíbe disfrutar de préstamos a interés cero o condonaciones de deuda por entidades que tengan relaciones con la administración autonómica, introduce garantías añadidas de transparencia en los procesos de contratación de personal o ratifica la prohibición del uso privado del parque móvil oficial.

Comunidad Valenciana: los altos cargos se juegan el 10% de su sueldo

El anteproyecto de ley de Transparencia de la Comunidad Valenciana acaba de salir del horno. El pleno del Ejecutivo autonómico aprobó la pasada semana un texto que, de acuerdo con las previsiones, será validado en el Parlamento antes de que termine la actual legislatura.

De acuerdo con la nueva norma, los altos cargos de la Comunidad Valenciana podrán ser destituidos por el incumplimiento de normas de transparencia, se retirarán las placas conmemorativas por razón de condena por sentencia firme y parte de su sueldo –al menos un 10%– se vinculará al cumplimiento de objetivos asignados, que serán evaluados por una entidad «experta e independiente».

Respecto a los sueldos, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, marca un tope que ningún otro miembro de la Administración autonómica puede superar. La Generalitat se anticipó al Gobierno con la publicación de un portal de la transparencia en internet (http://www.gvaoberta.gva.es/), aunque la página todavía tiene que incorporar más información relativa a contratos de la Administración autonómica y de los salarios de los representantes públicos.

El portal de la Generalitat, activado desde el pasado mes de junio, incluirá encuestas quincenales sobre la acción del Consell (o Consejo de Gobierno regional); las retribuciones de los altos cargos; un registro de contratos firmado a partir de 1 de julio de 2013, incluidos los menores, así como un registro del parque móvil de la Generalitat y el uso del mismo.

La nueva ley establece un sistema sancionador propio, diferente al estatal, para aquellas personas y entidades que incumplan las disposiciones de la ley. Este régimen prevé, para las autoridades y cargos directivos, sanciones que podrán llegar al cese por el incumplimiento de normas y, en el caso de los funcionarios, a aquellas medidas que marca su estatuto legal. Respecto a las entidades que reciben ayudas públicas, el castigo podrá alcanzar los 400.000 euros y la devolución de la partida recibida en casos muy graves. También se han recogido las peticiones ciudadanas para que el silencio administrativo sea positivo en la solicitud de información.

Canarias aprueba su ley de transparencia el mismo día en que entra en vigor la nacional

En Canarias, el 10 de diciembre bien podría declararse «Día de la Transparencia». No en vano, ese día, el mismo en que entró en vigor la ley de transparencia nacional, el Parlamento autonómico aprobaba por unanimidad la norma para la región: la ley de transparencia y de acceso a la información pública. El contexto sociopolítico ha propiciado que la norma, cuya redacción dirigió el consejero socialista de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, se haya convertido en la primera iniciativa de calado que, en esta VIII Legislatura, ha conciliado a todas las fuerzas políticas.

Semanas antes de que la ley concitara a toda la Cámara regional contra el secretismo en los fondos y manejos públicos, el Ejecutivo del archipiélago abría su sitio web de transparencia y gobierno abierto ( gobiernodecanarias.org/transparencia), una herramienta que, aún en pañales, supone un primer paso en la publicidad de la actividad institucional. Información económico-financiera, sobre contratos, convenios y subvenciones, acerca del patrimonio público... La web tiene aún algunos errores y han surgido voces, por ejemplo desde Izquierda Unida, que la califican de «absolutamente insuficiente» para una comunidad autónoma en la que más de la mitad de los gobiernos municipales tienen a alguno de sus miembros bajo investigación, caso de la isla de Tenerife.

Hasta su aprobación el pasado día 10, la ley de transparencia canaria tuvo un recorrido no exento de críticas. El PP avisó en su día que el primer borrador del gobierno de PSOE y Coalición Canaria apenas era un «mal corta y pega» de la norma nacional. Sin embargo, el Ejecutivo que preside Paulino Rivero no podía permitirse sacar adelante una ley de estas características sin el «sí» del principal partido en el Parlamento; por su parte, el PP no podía excluirse. En definitiva, ese contexto sociopolítico, que ha exacerbado sobremanera a los ciudadanos de una de las regiones con más paro de toda Europa, contribuyó a que las asperezas se limaran al menos en este asunto.

En virtud de la nueva ley, se creará la figura del comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, encargo que inicialmente estaba destinado al Diputado del Común (el Defensor del Pueblo en las islas) pero al que vetaron desde la bancada del PP. Los populares contribuyeron también vía enmiendas al endurecimiento de las sanciones, que se determinarán en función, claro está, de las faltas: leves, graves o muy graves. La ley es vinculante tanto para el Gobierno de Canarias como a sus entes dependientes, amén de a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y cualesquiera otras entidades que perciban ayudas o subvenciones públicas.

Nueva ley y nombramientos polémicos en Cataluña

El pleno del Parlamento catalán aprueba este mes de diciembre la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Cataluña, que entrará en vigor dentro de seis meses. Su objetivo es garantizar a los ciudadanos el acceso a la información de las diversas administraciones, y para ello introduce por primera vez el concepto del «silencio positivo», por el cual estas últimas estarán obligadas a facilitar los datos requeridos, una vez transcurrido el plazo máximo de un mes sin haber respondido.

Un registro para lobbies

El texto establece que, antes de cuatro meses, se creará la Comisión del Derecho al Acceso a la Información, órgano arbitral que evita tener que recurrir a los tribunales para pedir información no facilitada. La ley crea también un Portal de la Transparencia en internet que permitirá acceder al Registro de contratos de la Generalitat y de los convenios suscrito por la Administración catalana. Uno de los aspectos más novedosos de la Ley es la creación del Registro de Lobbies y de Grupos de Interés, con la finalidad de regular su relación con la Administración y obligarles a que sigan un código de conducta.

Sin embargo, las políticas de transparencia de Artur Mas incluyen uno de los nombramientos a dedo más polémicos del Gobierno catalán: el de Núria Bassols. En diciembre de 2013, la entonces magistrada de la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue elegida directora del Programa de Políticas de Transparencia de la Generalitat. Pocas semanas antes, Bassols había archivado la causa contra el diputado autonómico de CiU y concejal en Badalona (Barcelona), Ferran Falcó, investigado por supuesta malversación de fondos públicos y cobro de comisiones a través de Adigsa (Falcó había presidido esta empresa pública dedicada a la construcción de viviendas sociales). Bassols fue la primera mujer en dirigir la Escuela Judicial, centro donde se forman los jueces de toda España, pero fue destituida en 2008 por «pérdida de confianza» del Consejo General del Poder Judicial. Bassols está casada con Josep Manel Bassols, ex alcalde de Anglès (Gerona) por Convergència.

Los sueldos de más de 700 altos cargos de la Generalitat ya pueden consultarse en internet desde el pasado 29 de julio de 2013, gracias al portal sobre transparencia y rendimiento de cuentas, que fue presentado por el propio Mas. De esta forma la Generalitat cumple con los 80 de la ONG Transparencia Internacional, aunque ha añadido otros 63.

Andalucía: un profesional para presidir el Consejo regional de la Transparencia

Dicen los responsables del Gobierno andaluz que la Ley de Transparencia Pública de esta región es la más avanzada de toda España porque incluye conceptos que no están en la ley estatal. Así, por ejemplo, establece la publicación de los órdenes del día y de los acuerdos del Consejo de Gobierno; así como un Portal de Transparencia en el que cualquier persona, previa solicitud, tendrá derecho a acceder a toda la información pública sobre la administración y las decisiones adoptadas por sus representantes públicos.

Una norma que se une a otras que ya estaban vigentes como la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, y que ahora se ve reforzada con la publicación de todos los ingresos de los cargos públicos y de sus cónyuges si estos acceden, una cuestión obligatoria a partir del próximo año.

El Parlamento autonómico aprobó el pasado mes de junio la ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, por unanimidad de todos los grupos políticos, una norma que entrará en vigor en el primer trimestre de 2015 y que recoge la creación de un Consejo de la Transparencia y Protección de Datos que será presidido por un profesional independiente que deberá ser elegido por el Parlamento Andaluz.

¿Escarmentados por los ERE?

La ley andaluza establece la obligatoriedad a las administraciones de contestar en un plazo no superior a los 20 días, así como un Régimen Sancionador que regula los posibles incumplimientos. Tras el escándalo de los ERE, de los cursos de formación y de las ayudas sociolaborales, la Junta de Andalucía se ha comprometido a publicar en este portal todas las ayudas y subvenciones que se concedan a entidades públicas o privadas, un nuevo sistema de fiscalización con el que Susana Díaz pretende contentar a la opinión pública.

La norma no sólo obliga a las administraciones públicas sino que también las empresas adjudicatarias de contratos públicos deberán suministrar información, así como las ONG y las empresas y entidades que concierten con la administración para la prestación de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales, así como las empresas privadas que gestionan servicios públicos municipales.

En cuanto a los sueldos de los altos cargos, la Junta asegura que ningún directivo de las empresas públicas cobra más que la presidenta, Susana Díaz, quien recibe 63.808 euros brutos anuales, a excepción de algunos directivos de Canal Sur (varias fuentes aseguran que son unos 12), cuyo director, Joaquín Durán, percibe 78.277 euros brutos al año.

Castilla-La Mancha y su ley: destitución de los que tengan juicio oral

Un día después del estreno en internet del «Portal de la Transparencia» impulsado por el Gobierno de España para dar a conocer sueldos, convenios, bienes inmuebles o subvenciones en el Estado, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha hacía lo propio con la aprobación del anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. Una normativa que avanza en la elaboración de un código ético, que será de obligado cumplimiento para los altos cargos de la Administración y que establece, entre otras novedades, un procedimiento sancionador que prevé el cese inmediato de cualquier alto cargo en el caso de apertura de juicio oral en una causa penal.

Desde el Gobierno castellano-manchego se asegura que esta Comunidad Autónoma vuelve a adelantarse a los plazos dados por el Estado en una normativa que está siendo adoptada en otras administraciones. Pero no es el primer paso dado por el Gobierno de Cospedal en transparencia. En febrero de 2013 se aprobó la primera norma, el modelo de transparencia y buen gobierno de la Administración Regional, y desde junio de ese año cuenta con un portal de transparencia para conocer las retribuciones de los cargos públicos. Asimismo, en septiembre de este año se pusieron en marcha los foros para que los ciudadanos hicieran sugerencias al anteproyecto de Ley.

Cospedal, por debajo de 1.805 cargos

Precisamente, gracias a este portal de transparencia conocemos que la presidenta de Castilla-La Mancha cobra menos que 1.805 empleados públicos de la Administración regional, algo que desde la portavocía del Ejecutivo regional consideran «justo en estos momentos» y es «una cuestión de ejemplo y de entender la vida pública». Y es que una de las primeras medidas que tomó Cospedal al llegar a la Presidencia del Gobierno autonómico fue reducir su salario y renunciar a «alguna paga extraordinaria».

Desde la pasada semana, la normativa está sometida a información pública y posteriormente será evaluada por el Consejo Consultivo y presentada en las Cortes Regionales con el fin de que quede aprobado antes de que concluya la legislatura.

El anteproyecto de Ley introduce aspectos novedosos y con unos 20 indicadores más que los establecidos por la Ley Estatal. Así, se fijan nuevos compromisos adicionales de transparencia, como el acceso de los ciudadanos a la situación de pagos y cobros de la Junta de Comunidades, así como a la deuda pública de la Administración regional. También se da un paso importante en la exigencia de responsalidad, regulando el procedimiento sancionador, ya que la propia ley prevé la destitución de cualquier alto cargo en el caso de apertura de juicio oral en una causa penal.

La ley fija un procedimiento de control del cumplimiento de la transparencia, donde se van a detallar los órganos responsables y los controles internos y externos. Se elaborará un código ético, de obligado cumplimiento para los altos cargos de la Administración, de forma que deberán presentar una declaración responsable tanto en el momento de su nombramiento como en el de su cese.

Otra de las novedades es que se fijan mecanismos que permitan la participación ciudadana, basados en el uso de las nuevas tecnologías, así como la regulación por ley en cuanto a la presentación de las facturas electrónicas. También habrá un plan de revisión y evaluación normativa y se creará un nuevo órgano independiente de control, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno.

Las sanciones serán impuestas si hay incumplimiento en materia de incompatibilidades y conflictos de interés, por infracciones de los principios de buen gobierno, por la gestión económica y presupuestaria o por la reutilización de datos.

La Rioja, un ejemplo de gestión cristalina

En enero de 2011 el Gobierno de La Rioja ponía a disposición del ciudadano el Portal de la Transparencia, facilitando en un único punto toda la información institucional, económica, financiera y de cualquier naturaleza. Los datos objeto de consulta están estructurados en seis áreas: información institucional; contratación de servicios y suministros; ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas; relaciones con el Parlamento; información económica y financiera; y relación con los ciudadanos y la sociedad. Un año antes La Rioja ya había resultado ser la tercera Comunidad Autónoma más valorada en el informe de Transparencia Internacional, con una nota de 83,8 puntos, y en 2012 el Gobierno riojano se aupó al primer puesto en este estudio con un resultado de 97,5 puntos.

Toda la gestión e iniciativas llevadas a cabo en este sentido se apuntalan con la Ley de Transparencia, una norma regional que se ha aprobado este año y que se esperó a redactar hasta que el Gobierno central tuviera dispuesta la suya. Con ella, se trata de facilitar el acceso a la información y hacer partícipes a los ciudadanos de la gestión que llevan a cabo sus representantes públicos. Así, la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja desarrolla, complementa, y amplía la regulación de la Ley nacional aprobada por el Congreso de los Diputados. Esta gestión riojana en aras de la claridad ha vuelto a ser refrendada con el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (Incau) del año 2014 que elabora Transparencia Internacional España.

El informe constata que La Rioja presenta un índice de transparencia de sobresaliente, más de 90 puntos sobre 100 (en concreto 96,3), por encima de la media nacional, situada en 88,6 puntos. Siguiendo el ejemplo del Gobierno riojano, el Ayuntamiento de Logroño está tramitando una Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, Reutilización de los Datos Públicos y Buen Gobierno que garantizará el acceso a la información municipal, la rendición de cuentas y su reutilización para facilitar la actividad económica.

La Ley foral de Transparencia se va descafeinando

Navarra aprobó la Ley foral de Transparencia el 21 de junio de 2012. Apenas una semana después de que se rompiera el gobierno de coalición en la Comunidad foral y de que los impulsores de dicha ley, el Partido Socialista de Navarra, saliera del Ejecutivo foral.

Dicha ley fue considerada entonces como una de las más avanzadas de las existentes en España. Los salarios y bienes de los altos cargos del Gobierno, el coste de la última campaña institucional, de los viajes de la presidenta Yolanda Barcina, lo que el Gobierno de Navarra da a los sindicatos a cuenta de los liberados sindicales, etc, eran algunas de las respuestas que la ley foral pretendía dar a los ciudadanos.

Para elaborar y desarrollar dicha ley foral se creó la Dirección General de Gobierno Abierto, que quedó bajo responsabilidad de los socialistas. Pero la ruptura de la coalición de Gobierno y las apreturas económicas hicieron que poco a poco, el entusiasmo que trajo la ley se fuera desinflando poco a poco.

Del entusiasmo inicial al desvanecimiento

El «think tank» navarro Institución Futuro publicó el pasado mes de octubre un informe sobre transparencia en España y en Navarra. Respecto a la Comunidad foral ya apuntó el desvanecimiento del primer impulso. Concretamente, el informe afirma que «el gran impulso que se le dio al principio a la transparencia parece haber ido disminuyendo paulatinamente». Y también apunta a la crisis económica como una de las causas. Pero, al mismo tiempo advierte de que «es claro que muchas de las propuestas pueden hacerse internamente sin necesidad de inversión económica alguna».

En este sentido, el pasado mes de enero, «por falta de presupuesto» se desmanteló la Dirección General de Gobierno Abierto. Anteriormente se había eliminado la oficina pública de información, según denunció el Partido Socialista. No obstante, hay que decir que ABC ha recibido correctamente y con celeridad la información sobre el Gobierno Abierto que ha solicitado. Porque a pesar de que la Ley Foral de Transparencia se ha quedado algo descafeinada, los ciudadanos continúan solicitando información. No hay más que comprobar las visitas a la página web del Gobierno Abierto que, ese sí, continúa abierto dentro de la página web del Gobierno de Navarra.

Concretamente, en los años 2013 y 2014, dicha página web recibió 174.568 visitas. Y han sido más las veces que los ciudadanos han entrado en esta página a lo largo de este año que el año pasado, y eso que este 2014 todavía no ha terminado.

La parte de la web que más visitas ha recibido en estos dos años ha sido la referida a la transparencia, con 69.094 visitas (29.532+39.562) en la que se tiene acceso a los datos de los altos cargos, las listas de contratación temporal, los presupuestos y los procedimientos de elaboración normativa que se encuentran en curso. La siguiente zona más visitada con 40.712 entradas (22.200+18.512) es la que se refiere a la «open data», que es una iniciativa mundial que pretende que los datos e información de las Administraciones Públicas se expongan y hagan accesibles de forma que estén disponibles para su redistribución, reutilización y aprovechamiento por parte de los ciudadanos y las empresas.

Madrid: transparencia aún dispersa

La Comunidad de Madrid aún tiene hasta diciembre de 2015 para aprobar su propia Ley de Transparencia. Una materia en la que la región madrileña no ha sacado muy buena nota en los últimos informes publicados por Transparencia Internacional España, el capítulo español de esta organización no gubernamental a escala universal dedicada a analizar esa cuestión. De hecho, en su índice de Comunidades Autónomas de 2014, «el Ejecutivo madrileño es el menos transparente de España» frente a Cataluña, País Vasco y Castilla y León que fueron las más valoradas. Según ese índice, Madrid es la comunidad menos valorada con 65 sobre 100 puntos posibles, frente a los 72,5 que obtuvo en 2012 y los 80 de 2010. En un índice similar de la misma ONG, su Parlamento autonómico ocupa la decimosexta posición, solo por delante de las Islas Baleares, Canarias y Murcia.

Un pérdida de puestos en el ranking nacional que la Comunidad de Madrid atribuye a que dicha organización ha ido cambiando sus criterios, «apostando más por el formato y la estructura de la información contenida en la página web institucional». Sin embargo, desde el Gobierno regional aseguran que Madrid ha sido una de las primeras autonomías en ofrecer información pública a sus ciudadanos. «La región fue la primera de España en publicar un portal de transparencia en materia de contratación pública», explican. Presumen, además, de ser la primera autonomía en «volumen de información ofrecida a sus ciudadanos». «Tenemos 193 portales web específicos sobre todas las materias que afectan a la vida pública y a los madrileños», añaden.

Entre los «gestos» de transparencia que la Comunidad de Madrid ha tenido previos a la aprobación en diciembre de 2013 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno destacan que en 2011 Esperanza Aguirre, cuando era presidenta regional, fue de las «primeras en publicar su nómina». «González hizo pública también su declaración de bienes el año pasado y está disponible en la web madrid.org», informan. No obstante, aseguran «que están trabajando mucho para facilitar el acceso a la información de los ciudadanos». «Tenemos un año por delante para organizar mejor los datos que ofrecen nuestros portales», avanzan fuentes de la consejería de Presidencia, encargada de esta materia. «El único problema que existe es que dicha información está muy dispersa», concluyen.

Baleares y su transparencia, evaluada por una agencia

En el caso de Baleares, el Gobierno autonómico somete su gestión a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), creada en 2007 y dependiente del Ministerio de Hacienda, un órgano similar a la Oficina de Evaluación Pública y Transparencia que inicialmente se pretendía crear. No obstante, en su política de suprimir duplicidades, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá optó por Aeval, que evalúa las políticas públicas de la Administración del Estado y de aquellos gobiernos autonómicos que se lo solicitan, como es el caso balear.

La oficina autonómica recientemente descartada ya debería estar en funcionamiento pero su creación quedó pendiente de una reforma que planteó Simón Gornés cuando era el consejo de Administraciones Públicas; y quedó en suspenso con los sucesivos consejeros que han ocupado esta cartera.

Gornés pretendía, a principios de 2013, que la reforma de la ley balear se aprobara en 2014, año al que, en teoría, se retrasaba la creación de la oficina autonómica, aunque quedaba supeditada a la disponibilidad económica. Ahora, desde el Ejecutivo, se defiende que no crear la oficina evita duplicidades y que pasar exámenes ante funcionarios de otra administración otorga más imparcialidad e independencia a los informes.

Con la Aeval, el Gobierno firmó un convenio por dos años para colaborar en la evaluación de sus políticas públicas y de la gestión de la calidad de sus servicios.

No obstante, el archipiélago cuenta con el Portal de Transparencia del Gobierno de las Islas Baleares, promovido por el equipo de Bauzá y que nació «con la voluntad de difundir los datos relativos a las políticas y actuaciones públicas y responde al compromiso de facilitar el acceso a las mismas a la ciudadanía de forma accesible y transparente».

Este portal ofrece información sobre las islas, sobre las contrataciones de servicios obras y suministros, transparencia económica y financiera y la relativa a la ordenación del territorio. Esta web está gestionada por la Consejería de Administraciones Públicas.

Castilla y León limita los mandatos de los presidentes

La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana será aprobada por las Cortes de Castilla y León el próximo mes de febrero y obligará a los altos cargos de la Junta a presentar anualmente una copia de sus declaraciones del IRPF y, en su caso, de patrimonio, que quedarán inscritas en el denominado Registro de Intereses. También como novedad, además de presentar la declaración notarial de bienes patrimonionales cuando accedan al cargo, como sucedía hasta ahora, también deberán hacerlo cuando lo abandonen. El nuevo texto, con 18 artículos y varias disposiciones, elevará a rango de ley la práctica iniciada por el Gobierno regional en marzo de 2012 con la puesta en marcha del Gobierno Abierto.

Además, hace apenas unas semanas el Grupo Popular sacaba adelante -sin el apoyo de la oposición- una proposición no de Ley en las Cortes para impulsar un conjunto de medidas entre las que se prevé, por ejemplo, la limitacion de mandatos del presidente y de los procuradores, la reducción del número de estos últimos, su aforamiento y las dedicaciones exclusivas existentes -apenas son 18 en la actualidad para un total de 84 parlamentarios-. Estas y otras actuaciones obligarían a una nueva reforma del Estatuto de Autonomía -sería como mínimo en la siguiente legislatura- y del Reglamento de las Cortes.

Congelado el sueldo de Herrera

En cuanto al sueldo del presidente Juan Vicente Herrera, se mantiene «congelado» en los 68.982 euros, como aparece recogido en los sucesivos presupuestos de la Comunidad, algo por debajo del del resto de consejeros del Ejecutivo autonómico, especialmente de la responsable de Hacienda, que roza los 90.000 euros al año por su condión de funcionaria con antigüedad.

Medidas de tranparencia en Murcia, aún en el horno

El Ejecutivo de Murcia ha puesto en marcha diversas medidas durante 2014 para mejorar la participación ciudadana y la transparencia en la acción del Gobierno. Entre ellas destaca la aprobación este mes de diciembre en la Asamblea Regional, con los votos del Grupo Parlamentario del PP, la Ley de Transparencia y Participación, que contempla medidas como la publicación de todos los contratos gestionados por la administración autonómica en el Portal de la Transparencia, una página de internet de la Comunidad Autónoma que también incluirá datos sobre los presupuestos regionales, contratos, convenios o bien las retribuciones de los altos cargos del gobierno. La página incluirá asimismo datos sobre el número de vehículos del parque móvil y el uso al que están asignados.

La nueva Ley introduce además la figura del Consejo de la Transparencia, organismo que debe garantizar el acceso de los ciudadanos a cualquier información relacionada con la gestión del gobierno. Partidos políticos, sindicatos y entidades privadas que reciban subvenciones tendrán que facilitar el acceso público a esas cuentas. Esta Ley viene precedida del acuerdo del Consejo del Gobierno de Murcia alcanzado en mayo pasado donde ya se avanzaba un conjunto de medidas entre las que se incluye la publicación de todos los contratos que realiza la Administración Regional con independencia de su cuantía.

El actual Gobierno de Murcia que preside desde el pasado abril Alberto Garre, también ha impulsado otras medidas en aspectos relacionados con la transparencia y la participación ciudadana como la ya implantada limitación de mandatos del Presidente a dos legislaturas o el anteproyecto de Ley del Buen Gobierno y del estatuto Público, pionera en España al ser el primer código ético que se tramita como rango de Ley, y que ya ha recibido la aprobación del ejecutivo murciano y se encuentra a la espera su próxima aprobación en la Asamblea Regional.

La futura Ley introduce medidas como la de que los cargos públicos no puedan aceptar regalos de más de 90 euros, que no puedan disponer de tarjetas de crédito para gastos oficiales y la obligación de que todos sus viajes fuera de la Región con motivo de su cargo sean publicados en el Portal de la Transparencia de la Región. Queda pendiente en la futura Ley del Buen Gobierno la decisión sobre si el Partido Popular de Murcia permitirá a los imputados por la justicia por presuntos casos de corrupción concurrir en las listas electorales.

El País Vasco, en primera línea

El País Vasco se sitúa en primera línea de las Comunidades Autónomas más cristalinas en difusión de datos, según el organismo Transparencia Internacional España. Con la llegada del Gobierno socialista de Patxi López a Ajuria Enea, el Gobierno vasco abrió sus vitrinas y liberó una cantidad ingente de información en bruto, en formato reutilizable, que se ha multiplicado y refinado en cuanto a facilidades de acceso para el ciudadano. Incluso ofreció cursos gratuitos para que los periodistas pudieran manejarse con las nuevas herramientas digitales.

Todos los sueldos

Desde la pasada legislatura ya era posible acceder a los sueldos de los cargos públicos del Ejecutivo vasco, si bien ahora se han ordenado y su visibilidad es mucho mayor para cualquiera que se meta en el portal opendata.euskadi.net e introduzca en el buscador la palabra «sueldos». Rápidamente se abre el documento «Retribuciones de altos cargos y personal eventual del Gobierno Vasco y sus Organismos Autónomos y Entes Públicos desde el año 2009» con una tabla Excel completa. El lendakari, con un salario de 97.518,85 euros anuales es el tercer presidente autonómico que más cobra tras Artur Mas e Ignacio González, y por encima de Rajoy.

Tanto el Ejecutivo vasco como las tres diputaciones forales crearon ventanas «online» para difundir los contratos públicos y romper así la sombra de clientelismo. El «Perfil del Contratante» del Gobierno vasco fue presentado en 2010 por el consejero socialista de Economía, Carlos Aguirre, y se mantiene hasta hoy. Las principales instituciones vascas también comparten información sobre subvenciones y adjudicaciones. El portal del contratante es, de hecho, una de las patas principales de transparencia recogidas en el proyecto de ley de la Administración Pública Vasca que prepara el Departamento de Josu Erkoreka.

El País Vasco también cuenta desde la anterior legislatura con un canal de comunicación abierto y participación ciudadana, «Irekia», que cuando entre en vigor la nueva ley vasca obligará a un tiempo máximo de 15 días para que la Administración pública conteste a las preguntas de cualquier ciudadano.

Asturias aún debate la mejora de la norma

Entre los grandes compromisos del Gobierno regional de Javier Fernández adquiridos para esta legislatura se encuentra un proyecto de ley autonómica de Transparencia, que dote a esta Comunidad de un entramado de datos públicos del que carece a bote pronto. El Ejecutivo del Principado considera que es necesario este trabajo de proyección de cifras también para amortiguar el desafecto del ciudadano hacia la clase dirigente. Se da la circunstancia de que su tramitación parlamentaria cuenta con la opinión de expertos convocados por la Junta General, catedráticos y juristas con los que se pretende definir las líneas maestras de esta normativa y las posibles sanciones o infracciones en caso de incumplimiento. El asunto nuclear, según publican los medios asturianos, durante los pasos que va dando el Ejecutivo regional en este asunto, es la necesidad de contar con un organismo «independiente» que vele por que ese inventario sea fidedigno y aplique la ley. El proyecto atribuye ese cometido al Consejo Asesor de Transparencia, una entidad adscrita al Consejo Consultivo del Principado y cuyos integrantes deben ser empleados públicos que no sumarán un nuevo sueldo por su participación en él.

Los sindicatos, incluidos

La novedad de la ley estriba en que abarcaría también a los sindicatos. CC.OO. se adcribe sin reservas; mientras que UGT considera que la obligación de informar sobre el número de trabajadores con horas sindicales en las empresas puede verse como una forma de señalarlos por ello.

En septiembre de este año, juristas y organismos conminados a facilitar el acceso a la información en las instituciones comunicaron que el texto remozado por el Gobierno regional resultaba muy similar a la norma estatal y adolecía de cierta concreción. La ley asturiana, en fase de proyecto, tiene para los expertos lagunas importantes como la falta de un régimen sancionador.

En abril de 2014 se aprobó el Acuerdo de Gobierno de Asturias para desarrollar este proyecto de ley. En el portal de la transparencia de esta región, inscrito dentro de la web del Gobierno asturiano, se da cuenta de datos como los presupuestos anuales de la Comunidad, los bienes adscritos al patrimonio autonómico o las asignaciones presupuestarias de los Grupos Parlamentarios, pero en un ejercicio comparativo se infiere con celeridad que Asturias no es, en la actualidad, una de las regiones más avanzadas en lo que a transparencia concierne.

Cantabria, un Parlamento «tranparente» y un índice autonómico mejorable

Cantabria comenzó a tramitar el pasado mes de febrero una normativa autonómica que ya se estaba cumpliendo de facto, según fuentes de este Ejecutivo regional. La ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobada a finales de 2013, concedía dos años de plazo a las instituciones públicas regionales y locales para adaptarse a sus preceptos y por ello en el Gobierno cántabro se ha ido avanzando en esta materia. Primero se presentó un borrador para forjar el consenso entre los grupos con representación en el Parlamento regional, con el fin de «ordenar» en un portal de la Transparencia los datos que venía publicando la Cámara Baja autonómica.

Según declaró entonces el presidente de ese Parlamento, José Antonio Cagigas (PP), la parte de obligado cumplimiento de la Ley de Transparencia se traslada «automáticamente» a esta institución. La oposición reclama, no obstante, dar algún paso más hacia un Código de Buen Gobierno «de máximos», de acuerdo con la alegación de Dolores Gorostiaga, representante del PSOE en la Mesa del Congreso regional.

El Código debe incluir, según piden los socialistas, todas las declaraciones de bienes y patrimonio de los diputados (en este apartado el borrador remite a lo previsto en el Reglamento), así como lo necesario para elevar el grado de transparencia y publicidad en relación con su actividad institucional y el funcionamiento de sus órganos, señalaron. Cabe recordar que en el índice de transparencia de las Comunidades Autónomas (Incau), ya citado con anterioridad y que elabora Transparencia Internacional España, Cantabria presentó en 2014 un índice de 88 sobre 100, lo que supone estar apenas seis décimas por debajo del promedio nacional. Por Parlamentos nacionales, el que representa Cagigas fue escogido por el mismo organismo el pasado mes de marzo como «el más transparente de España», seguido por el de Navarra y por el Senado, mientras que el de Murcia ocupaba el último lugar, el «farolillo rojo» de la tabla.

Extremadura y su «Gobierno Abierto»

Gobierno Abierto de Extremadura es una iniciativa desarrollada por el Ejecutivo de José Antonio Monago en aras de que el ciudadano se sienta más representado por sus gobernantes. Por ello, dicen desde Mérida, se «deja pasar» en el Portal de Transparencia y Colaboración Ciudadana a todo el que observa desde el otro lado de la pantalla de su ordenador para conseguir la máxima información de su Administración regional. Se adecua al «compromiso del Gobierno para exponer, sin restricciones técnicas ni legales, datos públicos que hasta ahora no estaban disponibles, con el fin de que particulares y empresas puedan tenerlos a su disposición, distribuirlos y crear herramientas y servicios que puedan satisfacer sus necesidades».

De acuerdo con lo expuesto en el propio «site» digital, «simboliza la regeneración política e institucional que está experimentando Extremadura» con la llegada del PP al poder. Un «paseo» por este portal de acceso directo habla muy bien del catálogo de datos actualizado, así como del ranking de contenidos más valorados por la población extremeña que los consulta. Contiene la organización administrativa de la región, que debe ser pública, estar actualizada y a disposición de los ciudadanos; sus planes y programas, también públicos y con controles de calidad; la elaboración de sus disposiciones normativas, en las que se posibilitan las sugerencias de la ciudadanía; sus procedimientos de adjudicación de contrataciones públicas; las prestaciones de sus servicios públicos mediante concesiones, convenios de colaboración, contratación pública, subvenciones y ayudas, ordenación del territorio y urbanismo, procedimientos de provisión de puestos de trabajo y gasto público.En desarrollo del Título III de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto, también se incluye el Código ético y declaración de actividades y bienes de los Cargos Públicos, así que deviene en una sencilla consulta saber que el presidente de la Comunidad, José Antonio Monago, percibió en el ejercicio de 2013 79.963 euros brutos anuales; 76.274,12 euros en 2012; y también vienen especificados los de 2011 y 2010. Junto a él, se recogen los sueldos de todos los altos cargos y puestos públicos, junto al parque de vehículos de la Junta de Extremadura («colgado» en la web por primera vez en el presente año 2014). En el índice de transparencia que elaboró el organismo pertinente, Extremadura obtuvo 85 de los 100 puntos posibles en transparencia, ligeramente por debajo de los 88,6 de media en el país. Su Parlamento fue el séptimo de España con mayor índice de datos abiertos al acceso del siempre curioso ciudadano.