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Carlos Lesmes - ángel de antonio

El TS afronta, de nuevo dividido, el cómputo de condenas a etarras

Varios magistrados, partidarios de cuestionar a España ante el Tribunal de la UE

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Dos etarras ya en la calle y medio centenar a la espera de que un Tribunal Supremo dividido revoque aquellas excarcelaciones o que, por el contrario, también les libere a ellos. Casi un mes después de que la Sala Penal del TS se reuniese en Pleno para unificar criterios en torno a la acumulación de condenas de etarras, los diecisiete magistrados de esta Sala Segunda vuelven a estudiar hoy el recurso de casación interpuesto por el etarra Kepa Pikabea, a quien la Audiencia Nacional denegó la posibilidad de acumular su condena en Francia con las que se le impusieron en España. Las consecuencias de la decisión que tome el Supremo trascenderán del caso de Pikabea, pues se aplicará el mismo criterio, entre otros, a los etarras «Santi Potros» y Alberto Plazaloa, quienes gracias a la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia, que se adelantó veinticuatro horas a la entrada en vigor de una ley que deja claro cómo tiene que llevarse a cabo esa acumulación de condenas, han pasado las Navidades en casa.

Ante la división interna del Pleno del pasado diciembre, los magistrados decidieron posponer su decisión sobre la admisión o no del recurso del etarra y dar traslado a su defensa y al fiscal sobre los efectos que la ley aprobada por el Parlamento español podía tener en el caso concreto de Pikabea. Esta ley orgánica traspone al ordenamiento jurídico español una decisión marco europea en virtud de la cual sentencias condenatorias dictadas en los Estados miembros «pueden ser tenidas en cuenta fuera del Estado miembro de la condena». Mientras que el Ministerio Público ha pedido a la Sala que rechace el recurso del terrorista (al recordar que las decisiones marco europeas no tienen efecto directo mientras no sean traspuestas), su defensa ha solicitado que el Tribunal plantee una cuestión prejudicial ante la UE, pues, en su opinión, el Parlamento ha traspuesto esa decisión marco de forma incorrecta: la ley orgánica pone límites a la acumulación de condenas dictadas por otros países, de forma que circunscribe esa posibilidad solo a las impuestas desde 2010, lo que en la práctica va a cerrar la puerta a las excarcelaciones solicitadas por ese medio centenar de etarras.

El fiscal, en contra

Con esos informes sobre la mesa y con el aval de la Comisión Europea a la no acumulación de condenas, como manifestó en un informe que adelantó ABC el pasado 7 de diciembre, los magistrados tomarán su decisión. Una actuación que no será compartida por la totalidad de los magistrados, pues, según ha podido saber ABC, son varios los jueces que al cierre de esta edición eran partidarios de cuestionar a España ante la Unión Europea por la forma en la que ha traspuesto esa decisión marco. No obstante, la tesis mayoritaria de la Sala es la de considerar, al igual que el Ministerio Público, que la decisión marco europea, que data de 2008, no tiene efectos sobre la ley española y que, una vez aprobada esta, tampoco beneficia al etarra.

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