ETA intentó 50 años «barrer de Euskadi» a los «españolistas»

ETA ha sido derrotada policialmente. Lo han verificado las Fuerzas de Seguridad y lo reconocen, en sus documentos internos, los propios terroristas. Una realidad que desautoriza a quienes desde el frente nacionalista auguraron durante décadas que nunca se vencería a la organización criminal por la vía policial, todo ello para defender la negociación y sacar rédito político. Lo cierto es que el 20 de octubre de 2011 ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada» con la Constitución, el Estatuto de Guernica y la Ley de Amejoramiento de Navarra plenamente vigentes.

Sin embargo, los expertos antiterroristas advierten de que con su intento de «vender» el cese de la violencia como un gesto de buena voluntad que requeriría contraprestaciones por parte del Gobierno, la banda busca impunidad y también, blanquear medio siglo de genocidio.

Derrotada ETA, pues, la Guardia Civil y la Policía libran ahora la batalla contra la impunidad de los terroristas. De los que aún permanecen libres y de quienes, en prisión, aún no han hecho frente a muchos de sus crímenes. En sendos documentos, fruto de décadas de investigación y mucho sacrificio -195 guardias civiles y 147 policías nacionales asesinados-, ambos Cuerpos aportan a la Justicia pruebas concluyentes que acreditan que numerosos excabecillas ya están en libertad, cuando aún no han depurado responsabilidades por crímenes por los que ni siquiera han sido juzgados.

José Luis Álvarez santacristina, «Txelis», emblema de quienes abogan por la figura del arrepentimiento sin el requisito de la colaboración con la Justicia, formó parte durante cinco años del «comité ejecutivo» -«zuba»- de ETA. En este período de tiempo la banda asesinó a cientos de personas. Él participaba en la toma de decisiones junto a Francisco Múgica Garmendia, «Pakito». Y personalmente controlaba la adquisición de armas en el mercado negro internacional. No colabora con la Justicia, pero sí se ha mostrado dispuesto, en reiteradas ocasiones, a colaborar con iniciativas del Gobierno vasco a favor de la superación del conflicto. El exetarra Kepa Pikabea, «Larrun», es pionero de la llamada «vía Nanclares». Esto es, que se dice arrepentido pero que no colabora. No sufre «amnesia», como Valentín Lasarte, pero esgrime que volver al pasado no sirve para nada y, encima, le afecta sicológicamente. Hace un año, sí, admitió su autoría en un atentado que, precisamente, acababa de prescribir. Un documento que la Policía francesa incautó a «Larrun» proponía cometer atentados como el de Hipercor e intentar otros que en su momento habían resultado fallidos, como el secuestro de la Duquesa de Alba: «¿Por qué las acciones que se llevaron a cabo (...) en los años 86, 87, 88 (Empetrol, Campsa, Hipercor..., La Vaguada, el arresto de la Duquesa de Alba, ejecuciones de altos empresarios y oligarcas... no ha tenido continuación?». En otro documento dejaba bien clara la estrategia de ETA: En el País Vasco, liquidación del «españolista» y dejar a salvo al nacionalista; en el resto de España, no hay límite.

El brazo político de la banda

Una de las conclusiones a las que llega la Guardia Civil en su informe es que todos los «comandos» y «aparatos» quedan «reducidos a la condición de mero instrumento de una cúpula directiva», el «comité ejecutivo, que decide qué hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hay que hacerlo». En resumen, que los «Txelis», Pikabea, «Potros», «Ternera»... deberían dar cuenta ante la Justicia de todos y cada uno de los atentados que sus pistoleros cometieron mientras estuvieron en la cúpula.

En el informe de la Comisaría General de Información, se aportan pruebas de que el papel que adoptaron los dirigentes de Batasuna, no solo en los «años de plomo», sino mucho más recientemente, no se limitó a apoyar, justificar o enaltecer el terrorismo de ETA. Fueron mucho más allá. El batasuno José María Olarra se dedicó a predicar la «socialización del sufrimiento» diseñada por ETA, comamenazas a los «españolistas». Los informes también recuerdan que era a Batasuna y organizaciones comunes a las que correspondía emprender una campaña de linchamiento social contra potenciales objetivos para que después los «comandos» las remataran. O tommar el relevo de la estrategia político militar durante las treguas tácticas.