Una joven vota el pasado domingo
Una joven vota el pasado domingo - EFE

La Fiscalía ultima una querella por supuestos delitos en el 9-N

«Las bases de la querella son jurídicamente muy sólidas», como consecuencia del desarrollo de las diligencias de investigación llevadas a cabo el domingo

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La Fiscalía Superior de Cataluña, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ultima una querella que podría ser presentada en las próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los hechos supuestamente delictivos que habrían tenido lugar durante la jornada del 9-N.

Fuentes jurídicas han informado a la agencia Efe de que como consecuencia del desarrollo de las diligencias de investigación llevadas a cabo el pasado domingo y de las distintas denuncias presentadas en los juzgados de guardia, «las bases de la querella son jurídicamente muy sólidas».

Las mismas fuentes no han precisado la persona o personas contra las que iría dirigida la querella de la Fiscalía, ni los supuestos delitos que se les atribuirían como consecuencia de la celebración del proceso participativo del domingo en Cataluña.

La Fiscalía había abierto el sábado diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta alternativa era constitutiva de delito.

En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía ha pedido a la Generalitat que aclarare si ordenó ceder escuelas para el 9-N y a los Mossos d'Esquadra que identificasen a los responsables de la apertura de locales públicos usados como puntos de votación.

También ha solicitado a la Guardia Civil apoyo para localizar al responsable de la empresa Unipost, que había distribuido la propaganda relacionada con el 9-N.

Al término de la jornada de la votación, la Fiscalía continuaba recabando datos a la luz de las diferentes denuncias presentadas para estudiar si concurren responsabilidades penales y, en su caso, ejercer las oportunas acciones legales oportunas.

Los Mossos d'Esquadra han remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Cataluña en el que la Generalitat se responsabiliza de la apertura de locales públicos durante la jornada del 9-N, sin facilitar la identidad de las personas que lo autorizaron.

En su respuesta al requerimiento de la Fiscalía para identificar a los responsables de locales públicos abiertos para el 9-N, los Mossos se remiten a un escrito de la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, en el que ésta sostiene que no está «en condiciones» de facilitar esas identidades, ya que «se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias».

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