IU reclama que los delitos de corrupción no prescriban

Izquierda Unida quiere que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción, además de aumentar hasta 30 años la inhabilitación para los cargos públicos ya condenados y establecer una responsabilidad subsidiaria para aquellas instituciones financieras que colaboren en operaciones de blanqueo de capitales y ocultación de bienes.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, presentó ayer 45 propuestas que su formación ha registrado en el Congreso de los Diputados para frenar la corrupción -«el cáncer de la democracia»- y que, a su juicio, si hubieran estado aprobadas desde hace años la corrupción ahora estaría ahora «acorralada», las responsabilidades penales se habrían «acelerado» y el Estado hubiera podido recuperar ya una parte de lo robado.

«Los casos de corrupción son hoy innumerables.

Eso genera desafección política, es la antesala del populismo y también en muchos países del fascismo», advirtió Cayo Lara durante una conferencia pronunciada en Nueva Economía Fórum, donde acusó al PP de querer «una ley de punto y final» después de haber «boicoteado» todas sus propuestas en las Cortes Generales.

La proposición no de ley que Izquierda Plural defenderá en el Congreso incluye un total de 45 medidas que afectan a una decena de leyes y que giran en torno a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, el control de los procesos de contratación de las administraciones públicas y de los procedimientos urbanísticos, la regulación de la labor de los cargos públicos, las campañas electorales, los partidos políticos, medidas contra el transfuguismo y el control de los 'lobbies'.

Entre sus propuestas, pide ampliar los tipos penales y endurecimiento de las penas del Código Penal para corruptos y corruptores y establecer procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos. Además quiere crear una policía fiscal en la Agencia Tributaria y crear un registro de tenedores de billetes de 500 euros.

IU también pretende prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales y que todos los alcaldes y concejales tengan obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público. De la misma forma, los representantes locales de poblaciones superiores a los 50.000 habitantes estarían sujetos a una inspección sistemática de Hacienda. La batería de medidas también incluye propuestas para regular o prohibir los regalos recibidos por cargos públicos, endurecer las incompatibilidades, impedir las 'puertas giratorias', reducir los aforamientos y reforzar la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

Cayo Lara insistió en que IU ha presentado desde hace años «multitud» de propuestas contra la corrupción que han sido «rechazadas sistemáticamente» por el PP. «Si ha boicoteado cualquier lucha contra la corrupción en el Parlamento, ¿con qué autoridad pretende ser el abanderado de la regeneración democrática?», preguntó.