El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados - EFE

Montoro abre la puerta a «quitas» de deuda a las regiones según su infrafinanciación

El Gobierno reparte 12.151 millones de mecanismos de financiación a las comunidades para el primer trimestre, un tercio solo a Cataluña

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Como es tradición cada año, el Gobierno ha aprobado los mecanismos extraordinarios de financiación para las comunidades este año. En concreto, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprobó la semana pasada 12.151,8 millones de euros de liquidez solo para el primer trimestre en concepto de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA, para las regiones incumplidoras) y Facilidad Financiera (para las saneadas). Entre comunidades, Cataluña es la región que más recibirá, 3.477 millones de euros, es decir, un 29% del total y casi un tercio del total. Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados donde acudía para hablar del sistema de financiación regional.

A Cataluña, en el primer trimestre del año, le siguen Andalucía con 2.512, millones y Comunidad Valenciana, con 2.307 millones. Bajo el paraguas de los Fondos de Facilidad Financiera, Galicia ha acogido 690 millones y Castilla y León, 618,3 millones. Estas son las cifras del primer trimestre, a las que se le sucederán los siguientes periodos ya que Hacienda raciona la liquidez por trimestres. La Generalitat ha recibido unos 70.000 millones de euros desde 2012 para poder financiar sus servicios público, a través del FLA, créditos baratos que el Estado concede a las comunidades para poder abaratar su financiación. De esta forma, el Gobierno central ya cuenta con más del 60% de la deuda de la Generalitat.

La provisión de liquidez estatal supone un incentivo perverso a incumplir las reglas fiscales por parte de las comunidades, que tienen financiación garantizada con independencia de su situación presupuestaria. Parte de estos mecanismos prosiguieron como parche ante la falta de un nuevo sistema que proveyera de más recursos a las comunidades infrafinanciadas.

En este sentido, Montoro ha llamado a afrontar la reestructuración de la deuda autonómica con el Estado. «Tenemos que ver qué hacemos con la deuda de las comunidades autónomas, sobre todo con el Estado, y qué parte de esta deuda corresponde a insuficiencias de financiación», ha sentenciado Montoro. Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Madrid y Murcia y Andalucía son las comunidades que menor financiación por habitante reciben.

Montoro simplemente ha anunciado que se debe afrontar este problema, pero no ha abundado de si será una condonación del principal de la deuda, una reducción de intereses o un alargamiento de plazos. Todas estas opciones dan lugar a una reestructuración, que, eso sí, será general para todas, por lo que no beneficiará solo a algunas. El Comité Técnico para la reforma de la financiación, que se reunirá mañana, irá calibrando las distintas opciones sobre la mesa.

Precisamente, Cataluña, con 53.005 millones, Comunidad Valenciana (35.827), Andalucía (24.263 millones) y Castilla-La Mancha (10.273 millones) son las regiones que más deben al Estado. Comunidad Valenciana achaca la gran parte de esta deuda a que en los últimos años algunas regiones estaban peor financiadas que otras, por lo que para poder prestar los servicios fundamentales tuvieron que elevar su apalancamiento con el Estado. La propia región presidida por Ximo Puig calcula que su infrafinanciación acumulada asciende a 20.000 millones de euros.

La Comisión de expertos para la reforma del sistema ya afrontó la posibilidad de aplicar quitas de deuda del Estado a las comunidades, pero ante la falta de acuerdo finalmente no lo recomendó. Esta división refleja la que hay entre las propias regiones. Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana han defendido estas quitas, mientras que Galicia ha sido más reacia y Andalucía ha abogado por una solución común.

«Poco a poco las comunidades irán incorporándose a los mercados de deuda, pero tampoco hay que precipitarse», ha saludado Montoro. Estos mecanismos estaban pensado para ser extraordinarios en 2012 debido a que las regiones tenían los mercados cerrados por su situación fiscal, pero se han convertido en permanentes. Solo Madrid, País Vasco y Castilla y León emitieron deuda el año pasado por su cuenta.

Ante la recuperación económica y de ingresos, Montoro ha apuntado que es el momento idóneo para aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica. El ministro ha señalado que la recaudación tributaria regional aumentó en 2017 un 6,7% y que las comunidades dejaron su déficit «bastante por debajo» del objetivo del 0,6% en 2017.

Simplificar el sistema actual

«Ahora que tenemos la recaudación al alza y con crecimiento es el momento de reformar la financiación, para que situaciones como las pasadas no se vuelvan a producir», ha aseverado Montoro, que ha llamado a aprobar el nuevo sistema «en el plazo más breve posible». Con estas «situaciones pasadas» el ministro se refería a la última reforma del sistema que se afrontó en 2009, cuando los ingresos se desplomaban y el PIB estaba en recesión.

Montoro dio pistas sobre cómo será el nuevo modelo e invitó a participar a Cataluña, que en su momento no envió un representante al grupo de expertos. «El actual sistema no se entiende nada, es imposible traducirlo y llevarlo a los ciudadanos. Hay que simplificar el sistema y dotarlo de un Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales, que no cree agravios comparativos entre ciudadanos, que esté respaldado por los impuestos de los contribuyentes con independencia de dónde se pagan esos impuestos», describió el ministro que llamó a simplificar «la maraña de fondos» actual.

El sistema de financiación de las comunidades de régimen común tiene varios fondos que recogen distintos factores entre comunidades para distribuir la solidaridad regional. Montoro se mostró abierto a que «se blinde» la financiación de los servicios públicos con independencia del ciclo.

Mismos servicios públicos

«Serán los territorios más desarrollados del país, los que más contribuyan, es lógico», ha apostado para recordar que el objetivo del sistema de financiación no es reducir la brecha económica entre regiones, sino asegurar la prestación de los mismos servicios públicos a los españoles, con independencia de su procedencia. El ministro también ha abogado por fomentar la «corresponsabilidad fiscal» de las comunidades para que estas presten los servicios adicionales que deseen con sus propios recursos.

El diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha afeado al ministro que la reforma de la financiación no afecte a las comunidades forales de País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen «privilegiado» que le otorga una financiación superior a la media de las de régimen común: frente a los casi 4.000 euros por habitante de financiación de las forales, el resto tienen unos recursos públicos de 2.354 euros por cabeza.